La propiedad privada ha sido históricamente un pilar de libertad y desarrollo en las democracias de todo el mundo. La garantía de la propiedad privada es un principio fundamental para incentivar el desarrollo, la innovación, el crecimiento económico, el trabajo y un sin número de derechos individuales. Sin embargo, hemos visto cómo esta noción ha sido víctima de ataques por parte de discursos populistas, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica.
En nuestro país, y particularmente en el Valle y el norte del Cauca, vemos con inmensa preocupación como los ataques contra la propiedad se han multiplicado. Algunas de estas ocupaciones las justifican bajo el amparo de discursos políticos como las invasiones en Corinto o en Caloto que tanto daño hacen a nuestros agricultores. Otros invasiones son motivadas por mafias de tierras como las ocupaciones en Restrepo que afectan la vía a Buenaventura. Ambas acciones son profundamente reprochables y constituyen un delito sobre el cual el Estado debe actuar con toda severidad, sin embargo, hoy quiero ahondar en el fenómeno de las invasiones acometidas por la población indígena.
En los últimos meses hemos observado como grupos indígenas han intensificado las intrusiones ilegales en múltiples predios del departamento del Cauca, generalmente fincas agrícolas que por años han fomentado el empleo y apoyado el desarrollo de la región. Las poblaciones étnicas argumentan su actuar en una acción que ellos mismos han denominado, proceso de liberación de la madre tierra, donde se auto describen como un escuadrón que busca devolver el balance a la naturaleza. Basta leer un poco de sus postulados para darse cuenta del objetivo real de estos grupos, apoderarse de nuevos predios en el departamento, o como ellos lo describen “ Liberar la tierra, ampliar el territorio y no pagar terraje”.
Estamos ante un método sistemático de apropiación ilegal de predios, que anuncia públicamente su intensión de adueñarse de terrenos que ya tienen un poseedor legítimo. ¿No es esto un delito evidente? ¿Con qué herramientas cuenta el Estado para detener semejante atropello? Así como la Constitución política reconoce y protege la diversidad étnica, también garantiza la propiedad privada. Es inconcebible que las comunidades indígenas abusen de sus derechos diferenciales para gritar a los 4 vientos que van a cometer un delito, y a pesar de ello, la justicia, las fuerzas armadas y demás instituciones, se vean maniatadas para proteger los derechos de los ciudadanos afectados por estas incursiones.
Algo aun más grave es que estas acciones parecen haberse popularizado y se expanden por diferentes territorios. En Cali hemos visto cómo un resguardo indígena inexistente ha buscado asentarse de manera ilegal en el sector de la Viga, donde incluso ha montado retenes ilegales de la guardia indígena para prohibir a la ciudadanía el uso del espacio público de la zona. El día de ayer, emulando las acciones del norte del Cauca, un grupo de 60 indígenas invadía un predio privado, dedicado a la agroindustria, reclamando derechos sobre el mismo mientras impedían la entrada de propietarios y trabajadores. ¿No es acaso esto un secuestro y una clara limitación a la movilidad de los ciudadanos?
El territorio colombiano cuenta con 114 millones de hectáreas, de las cuales, según datos del DANE, aproximadamente el 30% pertenecen a grupos étnicos, los cuales representan cerca del 5% de la población. Unas cifras contundentes que permiten al lector sacar sus propias conclusiones sobre este debate.
Lo cierto es que así como desde el Estado se han dado las herramientas y las garantías para defender los derechos diferenciales de las poblaciones étnicas, es necesario brindar las mismas garantías de protección a los ciudadanos que no pertenecen a grupos minoritarios. Como país no podemos permitir que los grupos indígenas escondan abusos y acciones abiertamente ilegales, bajo la mascara de la ancestralidad. Paremosle-Bolas a la defensa de la propiedad privada, pilar esencial de nuestro Estado de Derecho. Estamos a tiempo de elevar el debate, con argumentos claros, que permitan defender el patrimonio y los sueños de millones de colombianos.
Publicado: agosto 19 de 2020
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