El proceso contra el Presidente Uribe no puede seguir siendo manejado con verdades a medias en El Espectador, Los Danieles y Noticias Uno. De nada sirve mantener en firme la reserva del expediente cuando hasta el momento lo único que han existido son filtraciones parcializadas de información para ambientar las decisiones en contra del gran colombiano.
Para nadie es un secreto que no estamos ante un proceso cualquiera. Es la indagatoria contra alguien que ejerció en dos ocasiones la Presidencia de la República y es el Senador más votado de la historia. Por eso, pretender que las discusiones en torno a este expediente sean estrictamente jurídicas y no políticas es absurdo.
De hecho, recordemos que las investigaciones contra los Presidentes las realiza el Congreso por esa misma razón: solamente la corporación de mayor representatividad nacional es competente para adelantar un juicio político a la máxima figura del Estado.
Por esta razón, es más que necesario que el expediente del caso de mayor relevancia del País sea público. No puede ser posible que a los medios de comunicación solamente lleguen las declaraciones y las pruebas que acusan al Presidente Uribe, pero que estos desconozcan aquellas que ratifican su inocencia.
Además, la opinión pública tiene derecho a conocer todos los pormenores de este proceso y a saber las respuestas a preguntas clave inherentes al mismo. Por ejemplo, ¿quién dio la orden para interceptar el teléfono del Presidente? ¿por qué se terminaron validando unas chuzadas que tenían otro destinatario? ¿por qué los funcionarios del CTI no advirtieron que el celular interceptado no era el de Nilton Córdoba? Y si lo hicieron, ¿por qué no detuvieron las interceptaciones? ¿por qué no se ha tenido en cuenta el testimonio del “tuso sierra”? ¿por qué se desconoció la imputación de la Fiscalía que sostuvo que Cadena se extralimitó en sus funciones y actuó sin el consentimiento de Uribe?
Estos cuestionamientos no solamente son planteados a diario por la defensa, sino que ya hacen parte de la realidad política nacional y ciertamente la única garantía que puede tener el Presidente Uribe para evitar abusos en su contra es el respaldo del pueblo colombiano. Hoy en día es muy difícil hablar de un juicio imparcial cuando los mismos que le permitieron a Santrich defenderse en libertad consideran que un Gobernador, Senador y Presidente no tiene derecho a esa posibilidad.
Ahora bien, adicional a esto no deja de ser curioso observar la aireada reacción de Iván Cepeda ante la solicitud de levantar la reserva del expediente. ¿A qué le teme tanto? ¿cuál es el problema con que los periodistas conozcan todo el proceso? ¿acaso él ha sido el responsable de las filtraciones parcializadas de información a reconocidos enemigos de Álvaro Uribe? ¿será que si el proceso se hace público se cae su trama para vengarse del Presidente? ¿las pruebas que defienden la inocencia de Uribe son incontrovertibles y por eso es mejor que no salgan a la luz?
En el proceso contra el Presidente Uribe la reserva del sumario genera más preguntas que respuestas y la oposición a su publicidad levanta más sospechas que certezas. Ojalá que la Corte acceda a la petición elevada por la defensa y permita que con total transparencia los colombianos conozcan la verdad del expediente más importante de los últimos años.
Publicado: agosto 12 de 2020
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