De nada sirven las recientes expresiones de arrepentimiento que le hemos visto a unos pocos terroristas de las Farc, en relación con el reclutamiento de menores, práctica atroz que ha sido negada por parte de esa organización delincuencial.
Desde que se adelantaban los diálogos de La Habana, insistí en la obligatoriedad de la desincorporación de todos los menores en poder de las Farc. Aquella debía ser una condición sine qua non para la firma del acuerdo final.
Negaron el delito. Llegaron al extremo inaudito de decir que ellos prestaban un servicio de guardería y que, en cualquier caso, no tenían a más de 12 o 13 niños en su poder, contradiciendo las evidencias judiciales y los testimonios de las víctimas que, valga decir, han sido deslealmente desatendidas desde los tiempos de las negociaciones. Hiere, por ejemplo, que la JEP -tribunal al que le conocemos su inclinación política- se resista a tener como punto de referencia en materia de reclutamiento de menores los testimonios de las integrantes de la ‘Corporación Rosa Blanca’, una organización integrada por mujeres que, siendo niñas, fueron reclutadas, abusadas, esclavizadas y lastimadas por la guerrilla.
El reclutamiento de niños no fue una práctica aislada, sino una política sistemática al interior de esa organización criminal. De hecho, los informes de inteligencia dan cuenta de que las tales ‘disidencias’ están constituidas con menores de edad que han sido arrancados de sus hogares forzosamente; muchos de ellos son niños que no fueron desvinculados con ocasión de la pretendida desmovilización de las Farc y que, al contrario, fueron vendidos o cedidos -como si de esclavos se tratara- a las estructuras disidentes.
El reclutamiento forzado de niños es un crimen de lesa humanidad que no prescribe y que, por su propia gravedad, ha sido centro de atención de la Corte Penal Internacional, tribunal que ha juzgado severamente a los responsables de esa atrocidad, en casos investigados en distintos países del mundo.
Los delincuentes de las Farc, que se sienten beneficiarios de un cheque en blanco en materia de impunidad -después de 4 años, la JEP no ha impuesto la primera sanción- se han burlado de las víctimas. La actual segunda vicepresidenta del Senado niega el reclutamiento de menores sin sonrojarse. Ella, que estuvo al lado del cabecilla máximo de esa estructura terrorista -alias ‘Tirofijo’- sí debe conocer los pormenores de ese crimen atroz.
Ahora, después de tantos años de insistir y de generar conciencia en la opinión pública, quienes hemos dado la batalla por hacer visibles a las víctimas de ese delito, empezamos a encontrar apoyo en múltiples sectores.
Aquello no ha sido suficiente. La JEP, que fue tan eficiente soltando al narcotraficante Jesús Santrich, no ha evolucionado en la investigación por el reclutamiento. Quizás, en unos 20 o 30 años, cuando terminen de elaborar las “matrices” y los “protocolos”, aparecerá una sanción simbólica y pedagógica.
A falta de justicia, buena es la presión social. Y las Farc, en algún momento deberán entenderlo. Ellos no pueden seguir pensando que su versión amañada y mentirosa respecto del reclutamiento de menores convencerá al país. Las evidencias son demoledoras. Así que, en vez de matizar su responsabilidad diciendo que el reclutamiento fue un “error político” deberían tener el coraje de aceptar la gravedad del delito, revelar los detalles relacionados con el mismo, decir cuál fue la suerte de miles de niños cuyo paradero se desconoce, pedir perdón a las familias y a la sociedad en general, comprometerse a no reincidir, exigirles a sus disidencias -sobre las que ellos tienen control- las desvinculación de todos los menores y, más importante, solicitar motu proprio que la JEP avance en la investigación, por lo menos para que algún día pueda brillar la majestad de la verdad.
Publicado: agosto 31 de 2020
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