Las diferencias de Álvaro Uribe con la corte suprema no son de ahora. La medida de aseguramiento dictada en su contra hace una semana y media, es el epílogo de una larga confrontación que empezó a enervarse en el año 2003.
Aquel año, el presidente Uribe fue invitado a la celebración del aniversario de la corte. El evento tuvo lugar en medio de una fuerte controversia respecto de la supuesta inseguridad jurídica que se generaba por cuenta de las tutelas contra sentencias condenatorias y no casadas por la corte suprema.
En el discurso pronunciado por el presidente Uribe, él defendió la tesis de la pertinencia de las tutelas contra sentencias en firme. ¡Quién dijo miedo! Los magistrados se sintieron desairados por el primer mandatario y, en vez de dar un debate jurídico, acusaron recibo de lo que ellos consideraron un grosero desafío que resolvieron enfrentar de la manera más grotesca posible: convertir a la corte suprema de justicia en un partido político de oposición al gobierno de la Seguridad Democrática.
En múltiples intervenciones, los magistrados -particularmente de la sala penal- aseveraron que este era el siglo de los jueces, enviando un brutal mensaje de desestabilización. Al régimen presidencial colombiano se le enfrentó una critarquía -gobierno de los jueces- que desembocó en una dañina politización de la justicia.
Aquellos que tenían la función de “administrar justicia en nombre de la República”, se valieron del poder punitivo con que estaban investidos, para enfrentar al presidente Uribe y a su círculo más cercano.
Se ha dicho equivocada y falsamente que el expresidente Uribe declaró la guerra contra la corte por la denominada parapolítica. Aquello no es en absoluto cierto pues el gobierno, con las mayorías que tenía en el Congreso fácilmente habría sacado una reforma a la justicia con capacidad de enterrar esas investigaciones. Sucedió todo lo contrario: el presidente Uribe en múltiples intervenciones públicas, instó a quienes eran señalados de mantener vínculos con las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia, para que pusieran la cara y aclararan la situación.
Llegó el año 2009. Uribe presentó la terna para la elección del fiscal general de la nación. La corte la recibió y salió con la tesis abiertamente inconstitucional de que aquella era inviable. Vino un absurdo pulso y, lo cierto es que los magistrados, en abierto prevaricato, no designaron al fiscal.
Fue un claro desquite por las denuncias hechas desde el gobierno respecto de las relaciones de un sector de la corte con el mafioso italiano Giorgio Sale. Era inaudito que un número significativo de magistrados mantuvieran una amistad íntima con un capo del narcotráfico que los agasajaba con invitaciones y lujosos obsequios.
Uno de los beneficiarios de Sale era el magistrado Yesid Ramírez Bastidas, a la postre presidente de la corte. En un homenaje que le hicieron a Ramírez en la ciudad de Neiva, y al que viajaron muchos de sus colegas en un vuelo chárter sufragado por el capo en cuestión, aquel anunció en perfecto estado de beodez que iba a tumbar a Uribe.
Era preocupante que quien fungía como cabeza de una de las ramas del poder público, anduviera urdiendo golpes de Estado.
Culminó el gobierno y de manera inmediata, empezó la cacería de funcionarios uribistas. Exministros, exsecretarios generales, la exdirectora del Das, entre muchos otros, fueron enjuiciados y condenados.
Pero les faltaba el más importante: Álvaro Uribe Vélez.
El proceso iniciado en su contra por la supuesta compra de testigos no tiene una sola prueba, ni siquiera un indicio que permita pensar que el exmandatario haya manipulado a la justicia. Todo lo contrario: él es víctima de un montaje que durante más de 10 años ha venido erigiendo el senador comunista Iván Cepeda, quien desde 2009 se ha paseado por cárceles colombianas y estadounidenses ofreciendo toda suerte de dádivas, a cambio de testimonios falsos contra el presidente que con más ardentía enfrentó a la banda terrorista Farc.
Enseña la sabiduría popular que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. El doctor Álvaro Uribe Vélez no está detenido. No. Él es un secuestrado a manos de una estructura revanchista que está culminando una confrontación que empezó en el año 2003.
Publicado: agosto 16 de 2020
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