No se equivocó el entonces Senador Iván Duque cuando afirmó que el acuerdo no escrito de La Habana era encarcelar a Álvaro Uribe. La obsesión irredenta de las Farc y su séquito solapado de aduladores de acabar con el Presidente que se interpuso en su toma armada del País, se trasladó del escenario armado al judicial.
Mientras que en el 2000 Colombia era una Nación con 3.572 secuestros anuales, gracias a la seguridad democrática ese indicador cayó abruptamente a 282 en 2010, de la misma manera que los homicidios disminuyeron en un 46% y la guerrilla que en 2002 controlaba una tercera parte del territorio terminó reducida a pequeñas madrigueras en las fronteras con Venezuela y Ecuador.
Se acabaron las pescas milagrosas, las hectáreas de coca pasaron de 145.000 en 2001 a 48.000 en 2012, se desmovilizaron 17.348 guerrilleros, 35.822 paramilitares y se abatieron a los principales miembros del secretariado.
Las Farc jamás le perdonarán a Uribe que este las haya doblegado militar, social y económicamente.
Por eso, ante los 17 intentos fallidos de acabar con su vida y la imposibilidad de derrotarlo electoralmente, la lucha se trasladó a los estrados judiciales. Liderada por el hijo de una de las personas en cuyo honor se conformó uno de los bloques más sangrientos de las Farc, la cacería al Presidente Uribe ya no se empeció en lanzar morteros a la Casa de Nariño en plena posesión presidencial, sino en destruirlo moralmente con acusaciones y testigos por doquier.
Aunque algunos columnistas empedernidos y políticos mezquinos no escondan las ganas de ver a Uribe en la cárcel, esa es una situación que Colombia no se puede permitir. Sería un completo despropósito que mientras las Farc, cubiertos por un interminable manto de impunidad, posan de adalides de la moral en el Congreso, la persona que dedicó su vida a combatirlos desde la institucionalidad termine privado de la libertad.
Una injusticia de esas dimensiones marcaría un nefasto precedente para las próximas generaciones y abriría la puerta a una eventual desestabilización del País. Sin importar si la Corte decide imponer una medida de aseguramiento o precluir el proceso, lo cierto es que la sed de venganza de los verdugos de Colombia no se saciará hasta ver arrodillado al patriota que tuvo el carácter para enfrentarlos.
La lluvia de procesos, denuncias y testigos falsos no parará. Ese, desafortunadamente, parece ser el precio que está condenado a pagar el Presidente Uribe por haber evitado que Colombia fuera un Estado fallido.
Una realidad inexplicable que solo encuentra razón de ser en el odio visceral de una organización criminal que no devolvió los niños reclutados, no entregó las rutas del narcotráfico, no reparó a las víctimas y no le dio la cara a la justicia, pero que sí quedó fortalecida tras un acuerdo que le otorgó reconocimiento político y oxigeno militar para hablar de paz en el Congreso mientras se produce coca en las regiones.
Publicado: agosto 5 de 2020
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