La Corte Suprema de Justicia, tribunal convertido en un antro de politiquería, ha permitido que el escándalo del video del exterrorista del M-19 Gustavo Petro permanezca escondido en un olvidado anaquel, evitando llevar a cabo una debida investigación.
Petro y sus lugartenientes, que operan como una banda criminal que se vale de las redes sociales para fustigar, perseguir, humillar y maltratar a quienes tengan el valor de exigir justicia, ha tratado de minimizar el hecho, diciendo que se trataba de un dinero menor que le fue entregado en efectivo como consecuencia del embargo que desde hace algunos años pesa sobre sus cuentas bancarias.
La explicación del cabecilla de la extrema izquierda colombiana es a todas luces inverosímil. Juan Carlos Montes, el interlocutor de Petro y la persona que hizo entrega de esos dineros, está desaparecida del mapa.
Montes, un sujeto gris que hizo parte de la banda terrorista que en su momento comandó Gustavo Petro, tiene mucho por contarle a la justicia y al país. Su testimonio es imprescindible, razón por la que es fundamental que las autoridades judiciales logren identificar, con la ayuda de Interpol, su paradero.
Luego de la aparición del video, a finales del año 2018, el país entero fijó su mirada sobre Montes. Petro aseveró que los fajos provenían de las arcas del arquitecto Simón Vélez, quien se apresuró a desmentirlo, asegurando que jamás le había entregado plata al exjefe terrorista.
Así las cosas, es fundamental que se conozca de dónde salieron esos recursos. Se ha indicado que los mismos pertenecen a una banda de narcotraficantes con la que Petro habría pactado una alianza criminal cuyo objetivo era el de impedir la extradición de sus integrantes, hipótesis perfectamente plausible habida cuenta de los antecedentes criminales de quien funge como líder de la oposición de extrema izquierda en Colombia.
Algunos indican que Montes salió de Colombia y que se encuentra escondido en Cuba, país en el que Petro estuvo durante largos meses durante el comienzo del confinamiento decretado por el gobierno nacional para hacerle frente a la pandemia del COVID-19.
Se inventó la historia de un supuesto cáncer para justificar su presencia en la isla castrista, cuando en realidad tenía una indigestión. Dado que Petro miente sistemáticamente, serán las autoridades internacionales las que indiquen si la hipótesis de que Montes se encuentra a buen recaudo de la dictadura cubana es cierta.
Por su parte, la fiscalía colombiana está en mora de impulsar la investigación contra ese sujeto, cuyo testimonio es fundamental para esclarecer no solo el origen del dinero del malhadado video, sino el motivo por el que él, como si fuera un delincuente de poca monta, resolvió grabar su entrega como queriendo hacerse a un seguro de vida.
Es legítimo que Montes, que claramente conoce los alcances criminales de Gustavo Petro, esté embargado por el temor. En aras de conocer la verdad de lo ocurrido, el Estado colombiano está en la obligación de garantizar la vida e integridad de Juan Carlos Montes y los suyos. La consigna es una y solo una: hay que cuidar la vida de ese sujeto.
Publicado: agosto 3 de 2020
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