“La reforma a la justicia debió empezar con la fuga de Santrich”. Con estas palabras puedo concluir que se requiere de una constituyente para lograr la paz verdadera y justa que piden a gritos los colombianos, y sobre todo las víctimas del conflicto armado. No le puedo llamar guerra, porque definitivamente esto es un conflicto de una minoría conformada por bandidos narcoterroristas, y sus aliados políticos que quieren llegar a como dé lugar al poder tratando de arrodillar a un estado e imponer una famosa “revolución” en nuestro país al estilo Neo-Chavista.
Pero más que verdades reveladas, deben surgirnos preguntas que puedan llevarnos a resolver uno de los problemas más grandes que haya tenido Colombia en sus últimos años: y es la legitimación del narcotráfico a través de un acuerdo de ‘paz’. No podemos olvidar que ese acuerdo es una desgracia que representa el acabar con la institucionalidad y nuestro Estado de Derecho para beneficiar al narcoterrorismo el cual pretende reescribir la historia.
Cuando Juan Manuel Santos dijo que el acuerdo con Farc “está blindado” y la Corte ha sido clara en que durante los próximos tres gobiernos no se podrán expedir normas o decretos que vayan en contra del acuerdo, es porque así lo organizaron. Pero más que eso hay que hacerse una pregunta: ¿el acuerdo realmente hace parte de nuestra constitución? Bajo el acto legislativo 01 de 2017 se da un blindaje jurídico al acuerdo haciéndolos parte de la constitución y por ende la Justicia Especial Para la Paz – JEP, pasa a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico.
¿Que una reforma a la justicia es el camino que debemos tomar? ¡Sí! Pero para llegar a ella se requiere de una constituyente, y para llegar a la constituyente se necesitan de 3 caminos: o que el presidente de la república pase un proyecto para que el Congreso la convoque, vía referendo (firmas – constituyente primario) o directamente desde el Congreso. Pero hagámonos estas preguntas para llegar a una solución: ¿es el momento indicado para hacerla teniendo en cuenta que los narcoterroristas Farc están el Congreso y podrán participar de ella? ¿Con la polarización tan grande que existe hoy en el país es el mejor momento? ¿La reforma a la justicia es el camino para lograr la extradición de los NarcoFarc e impedir que la impunidad siga reinando en Colombia? ¡Creo que sí! También creo debemos dejar ya a un lado el miedo a la constituyente, y empezar a trabajar para evitar la toma de la patria por parte de esa izquierda radical liderada por Cuba y Venezuela promotoras de la multiplicación de la miseria, destructoras de la democracia y de la empresa-propiedad privada.
Tenemos una justicia que actúa más en lo político que en el derecho, y esta debacle se le debe mostrar al país. Por eso debemos llegar a un concenso con los partidos políticos, y el apoyo ciudadano para lograr la reforma vía constituyente – la cual ha tenido apróximadamente 19 intentos fallidos – y no con una simple reforma a la justicia como lo plantea el presidente Iván Duque que no es más que un maquillado por encima que no solucionaría el problema de fondo. Las constituyentes no se hacen cuando las instituciones funcionan, sino cuando hay un quiebre. Por eso Colombia definitivamente necesita de una reforma a la justicia que permita tener quién vigile e investigue efectivamente las acciones políticas de jueces y magistrados. Necesitamos unificación de Cortes – una sola Corte con magistrados idóneos – no envueltos en escándalos de corrupción ni protectores de narcoterroristas al estilo Cartel de la Toga, y que sean vitalicios. El país necesita contar con una justicia transparente, no perseguidora de aquellos que piensan diferente, y que no actúen como un partido político más.
¿Quién será el órgano competente que investigue las actuaciones de los magistrados cuando estas no se apeguen a la ley? ¿Quizás un tribunal de aforados? Este hecho ha sido una vergüenza para todos, y ante la comunidad internacional nos ha dejado como un narcoestado. Esta reforma debe permitir que las Cortes que actúan en lo político, y no con el interés de construir un mejor país, sigan afectando la estabilidad de los colombianos. El evitar la fumigación con glifosato a cultivos ilícitos para proteger los intereses de esa minoría acordada con el gobierno Santos, ha permitido que estemos nadando en coca y perjudicando a nuestro mejor aliado: EE.UU.
Llegó el momento de despolitizar la justicia porque lo que está en riesgo es la democracia. La misma Corte Suprema de Justicia que filtra el proceso del presidente Álvaro Uribe a sus enemigos, es la misma corte que permitió la fuga de Santrich, y este es un hecho que debe producir la indignación y el rechazo de un país donde reina la impunidad. En estos momentos Uribe carece de garantías procesales, y estamos bajo el totalitarismo judicial socialista que cruzó una barrera que muchos pensábamos que jamás sería cruzada; empezando así con la persecución a través de la justicia de todos aquellos que vayan de la línea del uribismo como lo hicieron los Castro en Cuba y Chávez en Venezuela, acabando así con la oposición.
Hay un quiebre institucional profundo donde la justicia trabaja como un arma política. ¡Hoy es Uribe, mañana cualquiera de nosotros!
Publicado: agosto 9 de 2020
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