Como Abogado, Conjuez, Árbitro en Derecho, Profesor Universitario y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia órgano consultivo del Estado Colombiano, soy profundamente respetuoso de las decisiones judiciales, sin perjuicio de ejercer el derecho a apelarlas y rebatirlas cuando son contrarias a la ley.
Pero considero inaceptable y por demás repudiable, que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, conformada por algunos magistrados con máculas imborrables e impedimentos visibles e insanables, haya tenido la osadía de privar de la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin fundamento legal alguno ni razones jurídicas, en abyecto acto de odio y retaliación, cuando esa misma Sala, contra evidencia y sin el menor reato y pudor, ordenó liberar al narcocriminal Jesús Santrich, con lo que se prueba -como lo dice el pornógrafo Gustavo Bolívar- que la justicia le pertenece al populismo comunista de izquierda, y, que nuestra sistema penal está maleado y politizado.
Es deplorable que Magistrados venales, con sus desviadas decisiones, premien y gratifiquen a los narcocriminales de las Farc y persigan a quién los combatió en defensa de la sociedad.
Que nadie olvide, que Álvaro Uribe Vélez denunció y probó la corrupción de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que el “Cartel de la Toga I” tuvo como jefe al magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos, hoy prófugo de la justicia.
Tampoco se debe olvidar, que hicieron parte del “Cartel de la Toga I” los presidentes de la Corte Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, los magistrados Gustavo Malo y Eyder Patiño, sin visa para ingresar a USA, y los abogados Gustavo Moreno, fiscal anti corrupción de la Fiscalía, encargado de los casos Odebrecht y Reficar, que concertaron exigir dineros para modificar fallos de procesos que estaban en curso en la Corte Suprema de Justicia.
También se debe recordar, que los miembros del “Cartel de la Toga I” tuvieron serias discrepancias y enfrentamientos con varios presidentes de la Sala Penal e inclusive, con la propia Corte durante los años finales del gobierno de Álvaro Uribe; discrepancias y enfrentamientos no jurídicas sino políticas, y tan evidentes, que uno de los magistrados enemigos del presidente Uribe se vio obligado a renunciar antes de terminar su periodo, siendo claro que esos desencuentros se originaban, en que algunos magistrados eran partidarios de solo perseguir el paramilitarismo y dejar indemne a las estructuras criminales de las FARC y a sus testaferros económicos, tal y como se ha venido develando luego de la firma de los llamados Acuerdos de La Habana, que persiguen con inquina a las Fuerzas Armadas y garantizan plena impunidad a los narcocriminales de las Farc, habida cuenta que sólo se consideran delitos los actos de las fuerzas armadas, y legítimos y soberanos los crímenes y las fechorías de la izquierda terrorista.
Sobrecoge que la misma Sala de Instrucción de la Corte, tan tolerante y complaciente Santrich, ahora imponga prisión a Álvaro Uribe, tratando de denigrarlo y humillarlo, y quizás, pretendiendo que se someta a mal llamada JEP, tribunal espurio creado por la perfidia de Juan Manuel Santos al querer y la voluntad mayoritaria de los colombianos.
No son pocos los analistas ponderados que sostienen, que la estrategia para debilitar el mandato de Iván Duque, es encarcelar al jefe del partido de gobierno, y que fue un magistrado de la Sala Penal y presidente de la Corte, quien estructuró tan perversa estrategia.
Tampoco se debe olvidar, que Álvaro Uribe Vélez fue indiciado por un magistrado que, usando el teléfono de un congresista, lo hizo interceptar más de 21 mil veces, y que de manera selectiva, cínica, desvergonzada filtró toda clase de informaciones del proceso, y en más de una oportunidad, bajo los efectos del alcohol en sus frecuentes francachelas y bacanales etílicos manifestó, que encarcelaría a Álvaro Uribe y que impediría cualquier tipo de reforma a la justicia mientras el expresidente estuviera libre.
Lo sarcástico e irónico de este oscuro pasaje judicial, es que el presidente Uribe pasó de denunciante de la creación de falsos testigos, a ser investigado por la misma conducta. Por eso no se entiende cómo algunos pocos colombianos, piden apoyo y respaldo a la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, cuando esos mismos colombianos guardaron silencio ante la decisión de esa misma Sala de ordenar la liberación del narcocriminal Jesús Santrich, hoy prófugo de la justicia.
Tampoco se entiende, como esos mismos colombianos guardaron silencio, cuando se desconoció y burló es resultado del plebiscito vinculante de los llamados Acuerdos de la Habana y se desatendió lo prescrito en el artículo 374 de la Constitución y con ello, se violentó el orden constitucional emanado del constituyente del año 1991.
Tampoco se entiende, cómo esos colombianos no se pronunciaron, ante los delitos cometidos por los Magistrados miembros del denominado “Cartel de la Toga I”, y peor aún, fueron silentes ante el exótico, extravagante y por demás ilegal procedimiento legislativo para reformar la Constitución Nacional, denominado Fast Track.
Lo ocurrido ensombrece la justicia, agudiza la desconfianza de los ciudadanos en sus más encumbrados jerarcas, fractura aún más la unidad nacional y causa rechazo, repudio y condena en las más importantes fuerzas cívicas, sociales, gremiales y empresariales de la nación.
Y es que así una minoría exigua no lo quiera reconocer, Álvaro Uribe Vélez modificó la historia de Colombia; revivió la fe en el gobernante; ensanchó la economía y la hizo incluyente; respetó y defendió la ley y el Estado Social de Derecho; remozó la ilusión colectiva de aspirar a una patria mejor; restableció la institucionalización del país; develó la corrupción rampante de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia; y, rescató el orgullo de una nación mancillada por la violencia y la barbarie implantada por un puñado de delincuentes sin ideas ni ideales disfrazados de guerrilleros.
Si algún error grave cometió Álvaro Uribe en su Gobierno, fue confiar en Juan Manuel Santos y en el controvertido y muy cuestionado Oscar Naranjo, inefables traidores, no de Uribe, sino de la democracia colombiana.
Por eso resulta inexplicable, que algunos ciudadanos desinformados de manera involuntaria o deliberada, odien más a Álvaro Uribe que lo que quieren a Colombia y a Juan Manuel Santos y su Paz con Impunidad; paz espuria, cínica y desvergonzada, que violentó el orden constitucional, pervirtió las cortes, fletó periodistas, premió criminales, burló inocentes, estimuló la violencia y convirtió vastas zonas del territorio nacional en interminables vergeles de cultivos ilícitos.
Rechazo, repudio y condena merece el cínico y desvergonzado fallo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que le hace grave e inestimable daño a nuestra maltrecha justicia.
© 2020. Todos los Derechos Reservados.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
1
4.5
2.5
5