Son tantas las vulneraciones de los derechos fundamentales del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, que para muchos en Colombia se convirtió en costumbre ruin injuriarlo, difamarlo e insultarlo sin consecuencia alguna. Para ello, existe cualquier cantidad de artimañas jurídicas que, combinadas con una justicia politizada y rabiosa, han dado vía libre para que los delitos en su contra no tengan validez alguna y todos puedan difamarlo como se les antoje.
Vamos al punto: dentro del macabro complot que se viene ejecutando en contra del presidente Uribe, hay un capítulo protagonizado nada más y nada menos que por la propia Corte Suprema de Justicia y miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de la mal llamada “chuzada por error” que no es más que un burdo atropello a las garantías fundamentales de quien enfrentó y denunció los nexos de miembros de la Corte Suprema de Justicia con narcotraficantes ¿Será eso lo que no le perdonan?
En el año 2018, la Corte Suprema de Justicia se inventó un caso empujado por Iván Cepeda y su grupo de abogados del Colectivo Alvear Restrepo. Ante la ausencia de pruebas que justificaran decisiones contra el presidente Uribe, la Corte se las inventó; para ello, usó una jugada que debería producir el repudio de cualquier persona que se considere respetuosa de las garantías mínimas fundamentales y de todo aquel que jure proteger y cumplir la ley.
Para hacer el cuento corto, se inventaron que el número de teléfono del presidente Álvaro Uribe había sido aportado en otro expediente que cursaba dentro de la misma Corte Suprema de Justicia por parte del Representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma a quien estaban investigando, y sin más, interceptaron al presidente Uribe durante un mes (del 9 de marzo al 9 de abril de 2018).
Lo escucharon durante un mes y supuestamente no se habían enterado que, quien hablaba todos los días, a quien en las llamadas le decían “Presidente Uribe”, quien llamaba a su esposa por el nombre de Lina, a sus hijos por el nombre de Tomás y Jerónimo, quien hablaba temas relacionados con el Centro Democrático, era Álvaro Uribe Vélez y no el representante del Chocó Nilton Córdoba Manyoma. Éste último negó y juró públicamente que nunca entregó dentro de su proceso el número de teléfono del expresidente. La trampa de la Corte quedó en completa evidencia.
Es decir, la Corte Suprema, dizque el máximo órgano de justicia en Colombia, utilizó otro expediente para escuchar ilegalmente a Álvaro Uribe Vélez. Los responsables de esa salvajada son: José Luis Barceló, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Cortés y Sandra Yepes, para entonces magistrados auxiliares y hoy muy acomodados en la JEP, y el investigador del CTI de la Fiscalía Óscar Álvarez.
Manteniendo el atropello, llegó la perla de la vergüenza judicial colombiana: La propia Corte Suprema de Justicia avaló y legalizó la interceptación vulgar, ilegal, ruin y descarada efectuada por los miembros de la (in)justicia. Hoy todos gozan de total impunidad. No avanza la Comisión de Acusaciones contra José Luis Barceló quien, además de legalizador de chuzadas, también filtró a los medios de comunicación decisiones que tomaría en contra de Álvaro Uribe, se lucía con la prensa bogotana insinuando que llevaría al expresidente a la cárcel y, no menos grave, fue delatado por el exparamilitar Juan Carlos “el tuso” Sierra de haberle ofrecido beneficios si hablaba en contra de Álvaro Uribe Vélez. Repito: El magistrado que investigó y montó el caso en contra del expresidente con impulsos del colectivo de abogados de Iván Cepeda, ofreció beneficios a un exparamilitar para que hablara en contra de quien él investigaba. Así lo dijo el “Tuso” Sierra en el programa los informantes de Caracol Televisión.
En cualquier otro país, esto habría tumbado no solo al magistrado sino a toda una Corte de (in)justicia, de igual forma inhabilitaría a quienes ayudaron a cometer semejante canallada. ¡Pero no! Hoy Iván Cortés y Sandra Yepes Arroyave, auxiliares de Barceló, se encuentran plácidos en el despacho del muy antiuribista magistrado Rodolfo Arango Rivadeneira, conocido por sus virulentos e insultantes trinos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El investigador del CTI de la Fiscalía Óscar Álvarez se encuentra en total impunidad y el Fiscal General de la Nación, quien llegó prometiendo revolcones y actuaciones ágiles, al parecer no le ha alcanzado el tiempo para investigar los delitos de este oscuro personaje
Uribe es el único ciudadano colombiano sin derecho a la honra, sin derecho al buen nombre, sin derecho a la intimidad, sin derecho a la presunción de inocencia, sin derecho al debido proceso.
Resalto las palabras del presidente Álvaro Uribe, quien, ante tremenda violación a sus derechos fundamentales, dijo: “Ojalá publiquen todas mis llamadas, no encontrarán una sola actuación que viole las leyes de la República”
Publicado: agosto 2 de 2020
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