El artífice del secuestro del presidente Uribe, el senador de las Farc Iván Cepeda se ha empleado a fondo para evitar que la corte suprema de justicia remita el proceso a la fiscalía general de la nación.
Las contradicciones en sus argumentos delatan su plan criminal que consiste en encarcelar por el resto de la vida al expresidente Uribe a través de falsificaciones procesales, materia en la que él es un decano.
Que nadie se llame a engaños: el jefe de la banda de testigos falsos que opera en Colombia se llama Iván Cepeda Castro. Aquellos que hoy se muestran impasibles o hasta satisfechos con el montaje contra el presidente Uribe, cuando empiecen a incomodarles a Cepeda y a la extrema izquierda, serán víctimas de una operación similar.
En Colombia habrá “Monsalves”, “Vélez” y chuzadas ilegales para todos, gracias al maridaje de la extrema izquierda-Farc con un amplísimo sector de la justicia.
Hace algunos años, quienes estorbaban, eran secuestrados o asesinados por las Farc. A Uribe le hicieron decenas de atentados. Ahora, se emplea una herramienta algo más sofisticada, pero no menos despiadada: la liquidación moral del enemigo a través de operaciones criminales y mafiosas, tramitadas a través de decisiones judiciales temerarias. Eso, en plata blanca, se llama estalinismo puro y duro.
El maniqueísmo de algunos sectores es irritante. No sobran los que dicen que “hay que respetar la decisión de la corte”. Si la justicia colombiana fuera imparcial y no tuviera los niveles de politización que se pueden constatar, ninguna suspicacia despertarían sus decisiones y, en ese caso, a pesar de los pesares habría que “acatarlos” con talante republicano.
El escenario actual es totalmente distinto. Uribe está secuestrado y sus captores se han trazado el objetivo de someterlo a un proceso que tiene un insoportable parecido a los juicios revolucionarios, donde el acusado no cuenta con la menor posibilidad de ejercer una defensa, y donde todo lo que diga o haga para desmontar la infamia de que es objeto, será usado en su contra.
No se reclama impunidad, porque Álvaro Uribe no ha cometido un solo delito. No se pide que a él le regalen absolutamente nada. Lo que se demanda insistentemente es que se le permita ejercer su defensa en un escenario judicial donde se le respeten sus derechos y donde no haya prejuzgamientos.
Él no es senador y los delitos por los que es investigado no tienen relación ninguna con su antiguo oficio. Ese concepto, que es avalado por los juristas más destacados y respetados del país, también ha sido expresado por la sala penal de la Corte Suprema, célula que hace dos años sentó jurisprudencia al respecto, concluyendo que el delito de compra de testigos no está vinculado al ejercicio parlamentario, razón por la que esa conducta debe ser investigada por la Fiscalía General de la Nación.
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Preocupa entonces que el senador de la Farc Cepeda, quien tiene el control de buena parte de la sala de instrucción de la corte suprema, se arrogue la función de definir asuntos de tipo jurídico notificándole al país, con toda la soberbia, las decisiones que habrán de adoptar los magistrados-secuestradores del presidente Uribe.
Publicado: agosto 24 de 2020
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