En su cuenta de Twitter el senador de las Farc Iván Cepeda, anunció el programa de la extrema izquierda para apoderarse de la democracia colombiana.
En uno de los trinos, el principal validador del terrorismo y el narcotráfico en Colombia, escribió que “Un pacto histórico con diversas fuerzas políticas y sociales para superar la profunda crisis social y la catástrofe económica que está dejando la pandemia. Que vincule a los más poderosos y ricos a contribuir con la solución de la crisis y con el pago de su deuda”.
Aquella no es una expresión lanzada al desgaire, sino una clara advertencia. Los que Cepeda llama “poderosos y ricos”, según él tienen una “deuda” que deberá ser saldada.
Y eso, en la práctica se materializa a través de la confiscación o expropiación.
La extrema izquierda desde siempre ha visto a los “ricos” como los enemigos. Los ha responsabilizado por todos los males que aquejan a la sociedad. Los descalifican con adjetivos y señalamientos y ahora, cuando sienten que tienen el poder a la vuelta de la esquina, son notificados de que tendrán que pagar una supuesta deuda, hecho que pone en grave riesgo la estabilidad económica de nuestro país.
La amenaza de Iván Cepeda obliga a recordar los aciagos momentos en que la banda terrorista Farc emitió y aplicó la denominada “Ley 002” que era, básicamente, un manual para extorsionar al pueblo colombiano.
En virtud de ese panfleto, los terroristas de las Farc, liderados por la cuadrilla Manuel Cepeda Vargas -bautizada así en homenaje al progenitor del senador Cepeda- asolaron a los pequeños, medianos y grandes empresarios del país. Miles de ellos fueron extorsionados y/o secuestrados. Quienes no contaban con el dinero para pagar el chantaje, fueron asesinados. El país no olvida la imagen de la humilde campesina que a finales de los años 90 fue decapitada por un collar bomba. Las Farc decretaron su muerte, luego de que la desvalida mujer aseguró no tener los recursos económicos que le eran exigidos.
La iniciativa privada y la economía de mercado están en la mira de la izquierda colombiana. En las elecciones presidenciales de 2018, Gustavo Petro, que no oculta su odio contra la familia Ardila Lulle, planteó que, de ganar la presidencia, expropiaría sus cañaduzales para luego repartir esas tierras entre los campesinos del Valle del Cauca.
Mientras Venezuela y Cuba se hunden en la miseria y sus pueblos son sometidos al yugo de los tiranos que dirigen con mano de acero a esos países, en Colombia se allana el terreno para que la extrema izquierda, apoyada por el narcotráfico y el terrorismo, se apodere del gobierno en el 2022.
Y ellos, Cepeda, las Farc, la mafia, Petro y demás delincuentes, saben a lo que van. No perderán tiempo, ni guardarán las apariencias. Como una pandilla enardecida entrarán a acabar con todo, a saquear lo poco que quede de la pandemia y a implementar un modelo de gobierno antidemocrático.
Publicado: agosto 18 de 2020
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