Proponer legalizar el cultivo, comercialización y consumo de marihuana en el inicio de un nuevo periodo legislativo es una estrategia interesante para ganar titulares en medios de comunicación. Propuesta de la congresista Katherine Miranda (del Partido Verde) no es una iniciativa aislada, por el contrario, hace parte de una nueva arremetida de varios sectores políticos, económicos, incluidos jueces y magistrados, para lograr legalización de actividad criminal.
Desde hace varias décadas se viene planteando legalización de las drogas como herramienta para desmantelar los grupos armados y criminales que se financian y tienen su fin entorno al billonario mundo del narcotráfico. Legalización de la marihuana es un debate agotante, extenso, polarizante y sobre todo reescrito, en el cual no nos pondremos de acuerdo nunca.
Sabemos que existe un arraigo social y cultural por proteger sistemas ilegales con el argumento que ese medio permite generar ingresos a sectores vulnerables, los cuales por falta de oportunidades tienen que acudir a servir a la ilegalidad para garantizar sustento. También conocemos los argumentos que legalizando el consumo de la marihuana y otras sustancias psicoactivas se pondría fin a las cadenas de microtráfico y bandas ilegales que se tomaron calles, parques y barrios de las ciudades.
La propuesta de legalización de la marihuana tiene un origen y autores desconocidos desde la valoración de intereses por quienes tiene capacidad financiera para implementar infraestructura para quedarse con todo el negocio. Porque digamos la verdad. Aquí lo único que mueve la legalización son los números que se proyectan en ganancias y utilidades que generaría un negocio abonado en el consumo desenfrenado de millones de jóvenes.
Quieren legalizar la marihuana y después la cocaína para apropiarse del imperio económico y criminal que más daño le ha generado a la humanidad, al medio ambiente, a las familias y a la dignidad del ser humano. Quieren legalizar el consumo de marihuana en millones de adolescentes y jóvenes para presentarse como políticos correctos, modernos y progresistas, sin importar la vida personal y familiar que se lleva por delante quien decide lanzarse al abismo del consumo de las drogas.
En medio de la pandemia es paradójico ver a quienes exigen confinamiento total argumentando como prioridad la vida, alentando legalización de una sustancia que es sinónimo de muerte. Son incoherentes de principio a fin. Lo de ellos es convivencia constante y publica con la ilegalidad, con lo anormal, con la muerte.
El Presidente Iván Duque acogiendo solicitud de millones de ciudadanos y padres de familia firmó el decreto que prohibe el consumo de sustancias psicopáticas en parques y calles lo que permitió a policías recuperar parques y calles tomadas por adictos. Causa suspicacia que cuando se anuncia proyecto de legalización de marihuana el Consejo de Estado tumbe artículo que habilitaba a las autoridades a decomisar dosis personales. Pareciera que todo está articulado para abonar propuesta absurda y contraria a todo orden natural.
No nos incomoda que la congresista Miranda nos señale de ignorantes por no compartir su obsesión con las drogas, lo que nos incomoda y preocupa es que mientras ellos sirven de lobistas para que otros se queden con el negocio criminal de las drogas se le volvió a permitir que grupos armados y narcoterroristas sigan llenado sus alforjas con decisión del Consejo de Estado.
Tampoco nos asombra que se siga legislando y fallando a favor de la criminalidad, lo vienen haciendo desde cuando aprobaron todo el paquete legislativo y jurisprudencial impuesto desde La Habana. Al final ahí es donde se unieron todas las aguas de las cañerías de Colombia.
Publicado: julio 21 de 2020
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