El matrimonio entre las Farc y el narcotráfico es una realidad que data de los años 80’s, pero que contrario a lo que algunos pretenden hacer ver, es una alianza que hoy está más viva que nunca.
Hace poco quedó al descubierto cómo en parques naturales de vital importancia para la sostenibilidad de nuestros ecosistemas, como son Tinigua, la Sierra de La Macarena y Cordillera de los Picachos, fueron deforestadas en el primer trimestre de este año más de 7.000 hectáreas de bosque, en una carrera por establecer en esa zona, ganadería extensiva y cultivos de coca.
A la pregunta sobre quiénes están detrás del negocio, informes de inteligencia revelan que se trata principalmente del Grupo Armado Organizado residual operado por Miguel Botache Santanilla, alias Gentil Duarte, disidencia de las Farc que está implantando procesos de siembra de coca en municipios del sur del Meta como La Macarena y Vista Hermosa y también en municipios del Guaviare.
Los informes también revelaron que es tal la influencia y poder de Gentil Duarte, que logró imponer a por lo menos 4.500 familias que habitan en los parques, en su mayoría colonos, a que cada familia debe tumbar bosque para sembrar como mínimo 2 hectáreas de coca. Esta mafia en contraprestación les está pagando hasta cinco millones de pesos por hectárea derribada.
Todo esto sin contar el tráfico de coca que se mueve por el corredor Cauca-Nariño, y el enorme poder que tienen Alias Iván Márquez y sus compinches conocidos hoy como «La Nueva Marquetalia», quienes controlan las rutas en el oriente del país, por donde se estima que se comercializan cada tres meses 180 toneladas métricas de cocaína con destino al cartel de los soles en Venezuela.
Y es que mientras los integrantes del partido Farc en el Congreso se dedican al arte de la negación, y se oponen a la aspersión aérea de cultivos y acusan al Gobierno de falta de protección y abusos contra las comunidades del Cauca y Nariño y otros departamentos, la verdad es que estas mismas comunidades, están siendo coaccionadas, y utilizadas como escudo por las mal llamadas disidencias, que amenazan y desplazan a quienes no quieran sembrar en sus territorios. Por eso se volvió común que haya asonadas contra los miembros del Ejército y la Policía en estas zonas donde crece la coca. Nuestros militares están siendo asesinados en el cumplimiento de su tarea por erradicar manualmente unos cultivos que vienen en expansión, y que hacen que la lucha por el control de las rutas sea cada vez más sanguinaria.
El costo para el país es enorme; millonario en gastos operacionales y doloroso en pérdida de vidas. Así lo demuestran hechos recientes como el asesinato de seis soldados, hecho que además dejó 8 militares heridos a mediados de junio, en límites entre los departamentos del Meta y Caquetá, al tiempo que se investiga las causas de un accidente aéreo, también en zona del Meta, donde una aeronave militar que adelantaba operaciones en esa zona, se accidentó dejando un saldo de 11 militares muertos y 6 más heridos.
Todo esto indica que la sombra criminal de las disidencias está ganado terreno. Los cultivos de hoja de coca aumentaron en Colombia en 2019 hasta las 212.000 hectáreas, mientras que la producción de cocaína alcanzó las 951 toneladas, unas cifras récord según investigación del propio Gobierno de Estados Unidos.
Negocios como el narcotráfico y la minería ilegal, hoy bajo control de las disidencias Farc y la guerrilla del ELN, han desatado una guerra interna por el control de las rutas, lo que explica en gran manera el asesinato de líderes sociales, el desplazamiento de decenas de comunidades, hechos nefastos por los cuales los congresistas Farc, sin un ápice de vergüenza insisten en culpar al Estado.
En reiteradas ocasiones yo misma he venido exigiendo a los miembros del partido Farc, demostrar su voluntad de paz entregando datos exactos de los corredores y rutas usadas durante los años en los que, como grupo guerrillero, transportaban droga y trasladaban sus hombres para atacar a nuestra fuerza pública, pero nunca lo han hecho, y esto demuestra que jamás hubo una verdadera voluntad política de acabar con el narcotráfico, solo se hicieron a un lado para recibir beneficios dejando en manos de sus excompañeros su accionar criminal que no se detiene.
No solo en el sur del Meta, sino también en otras latitudes, las disidencias de las Farc siguen asesinando y extorsionando a los comerciantes y controlan reitero el grueso del negocio de la coca en el país. Es tal su emporio criminal, que llegan al punto de amenazar a la comunidad para que salga a protestar so pena de pagar una multa de hasta 10 millones de pesos por no hacerlo, algo verdaderamente indignante.
El país y el mundo tienen que entender de manera urgente el peligro de la expansión de la marca Farc. Mucho más ahora cuando sus alianzas macabras con el cartel de los soles en Venezuela, y otros carteles mexicanos, están matando con la cocaína a millones de jóvenes en el mundo, y nos están legando una guerra interna que es financiada por un negocio maldito, que solo deja muerte y destrucción por donde pasa.
Publicado: julio 31 de 2020
5
4.5