Como si se tratara de un efecto deletéreo ocasionado por la emergencia sanitaria del coronavirus, por acción del encierro y la ansiedad ante tanta incertidumbre, se han desatado ciertas lenguas venenosas a proferir incendiarios mensajes de odio plagados de falsedades que albergan un afán politiquero de la peor especie. Todo como una avalancha que está lejos de ser espontánea y que más parece un concierto de las fuerzas de izquierda para instalar el chavismo en el 2022.
Una de las lenguas que se desató con mayor fiereza es la de Gustavo Petro Urrego, el guerrillero del M-19 que jamás se ha desmovilizado ni de mente ni de corazón. Petro dijo que desconoce el Gobierno de Duque y llamó a la desobediencia civil para seguir la tarea de desestabilización que viene ejecutando desde el inicio de esta administración. Ahora propone cosas como no pagar servicios públicos, no honrar deudas bancarias y no enviar a los niños a estudiar cuando pase el confinamiento. Pero tras esas ideas candorosas hay toda una carga de profundidad que va a estallar cuando vengan la desconexión de los servicios, los embargos bancarios o la utilización de los niños desescolarizados en las revueltas violentas que iniciaron en noviembre y entraron en tregua por la pandemia pero que volverán.
Petro tira la piedra y esconde la mano porque desconocer a Duque es desconocer a la institución presidencial y a todo el Estado, que es lo mismo que ha hecho desde sus tiempos de guerrillero (alias Aureliano), y lo que ha seguido haciendo desde adentro, fagocitando la democracia, roñéndola, absorbiéndola, trocándola poco a poco por el ideario comunista con la ayuda de muy bien posicionados colaboradores.
Uno de ellos es el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve. El mismo que se quejó por la muerte de alias Alfonso Cano, señalando que el Ejército había asesinado a un hombre ‘viejo, ciego y solo’. El mismo que trató de deshonestos y guerreristas a los votantes del No en el plebiscito de 2016. Ese que a menudo se pronuncia a favor de las Farc y amenaza con demandas a quienes le atribuyen cercanías con los terroristas. De miles de menciones en la web que lo vinculaban con la guerrilla, casi todas desaparecieron y apenas se cuentan algunas con los dedos de las manos en los buscadores de Google y Bing. Si a algo hay que temerle es a la censura y a trastrocar la historia.
Ahora dice el ‘arzobispo’ que el gobierno de Duque ha desatado una «venganza genocida» contra los procesos de paz con las Farc y el Eln. Obviamente, esta no es más que una forma de presionar a Duque para que siga cumpliendo los acuerdos con las primeras y ceda a las pretensiones del segundo. Porque es claro que mientras el gobierno viene cumpliendo, aun en contra del No en el plebiscito y de la voluntad de los votantes que lo eligieron, son las Farc las que han incumplido en todo. Y son sus mal llamadas ‘disidencias’ y otros grupos de narcos, quienes están asesinando a autodenominados líderes sociales y a guerrilleros desmovilizados. Usar una expresión de tal crudeza es una muestra fehaciente de aviesas intenciones que se suman a las de Petro, pues ¿quién podría reconocer la legitimidad de un gobierno «genocida»?
A las lindezas de este par de joyas se añadió la de un payaso que fue elegido como presidente con los dineros del narcotráfico. Ernesto Samper se atrevió a decir que está de acuerdo con declaraciones hechas por su hermano en el sentido de que en las Fuerzas Armadas se entrena a los soldados para realizar violaciones sexuales. Toda una aberración para reforzar la campaña que contra el Ejército se viene haciendo por parte de diferentes medios de comunicación, ONG y otras fuerzas oscuras que buscan desprestigiar a la institución más querida por los colombianos, gran garante de nuestra democracia. Hay que recordar que Samper tiene íntima cercanía con la izquierda continental, es uno de los fundadores del nuevo Grupo de Puebla, además de ser muy cercano a la dictadura de Nicolás Maduro. De manera que sus palabras no son nada neutrales y tienen la clara intención de sumarse a la banda de los que pretenden sembrar el caos y la confusión en el país
Cómo si fuera poco, a todos estos se ha unido el exfiscal Eduardo Montealegre, quien en una entrevista se atrevió a calificar al expresidente Álvaro Uribe con el término de «criminal de guerra», y anunció que va a interponer en su contra una demanda por las masacres de El Aro y La Granja, cometidas por paramilitares hace más de 20 años cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia. Un refrito que Montealegre revive con el libreto de que Uribe pudo hacer mucho más para evitar esas matanzas, que es lo que siempre se dice para echarle la culpa a un funcionario. Con ese argumento, muchos inocentes han ido tras las rejas.
Pero Montealegre, al igual que los otros, carece de autoridad moral para hacer semejantes señalamientos. Este antiguo integrante de las Juventudes Comunistas realizó uno de los peores desempeños al frente de la Fiscalía General de la Nación. No solo le echó tierra al caso Saludcoop, entidad de la que era abogado, sino que malgastó multimillonarios recursos en temas como la ‘Universidad de la Fiscalía’, las ‘embajadas’ del ente acusador, un enorme clientelismo y miles de contratos jugosos con personajes de dudosa ortografía como Natalia Springer. No sobra recordar que fue uno de los grandes validadores del acuerdo entre Santos y las Farc.
Estas barbaridades inaceptables han concitado el silencio cómplice de muchos. En contraste, al exministro Juan Carlos Pinzón, le han exigido una retractación pública por afirmar algo que salta a la vista: «El país requiere verdad y reconciliación. La Comisión de la Verdad no es creíble para toda la sociedad. Tiene visión sesgada. La mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados. Se debe ampliar e incorporar nuevos miembros que den balance y confianza». Es que, definitivamente, a muchos no les gusta la sopa de lengua y menos cuando les dicen la verdad.
Publicado: julio 14 de 2020
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