Por regla general, las tutelas llegan a los despachos judiciales aleatoriamente. La acción presentada por el presidente Uribe contra el difamador Daniel Mendoza Leal le fue asignada al juzgado 23 civil de Bogotá que está en manos del señor Tirso Peña Hernández, un abogado cartagenero reconocido por su activismo de izquierda y que ha pasado por distintos despachos judiciales de nuestro país.
La lectura del fallo de la tutela despierta demasiadas sospechas y genera dudas respecto de la imparcialidad de ese operador judicial, que llegó al extremo inaudito de plantear en su decisión que el presidente Uribe en vez de presentar esa acción, debió acudir a las redes sociales para desquitarse de las infamias de que ha sido objeto por parte de Mendoza Leal.
- Es importante que lea Una decisión inicua
Para muchos analistas, el fallo del juez Tirso Peña, que será objeto de impugnación por parte del abogado del presidente Uribe, Abelardo De La Espriella, es un prevaricato monumental.
LOS IRREVERENTES tuvieron acceso al listado de los procesos que adelanta la fiscalía general de la nación en contra del juez Peña.
Llama la atención que ese funcionario judicial esté bajo investigación por prevaricato y lesiones personales.
Efectivamente, en el sistema de la fiscalía general figuran dos investigaciones contra el juez Tirso Peña Hernández por prevaricato por omisión. Una de esas investigaciones, se adelanta en la fiscalía 24 desde el año 2017. La otra, le correspondió a la fiscalía 58, desde 2016.
Así mismo, en 2016, la fiscalía 56 le inició una investigación por prevaricato por acción. Ninguno de esos procesos ha avanzado ni dado resultados concretos.
El caso por lesiones personales, comenzó en el año 2011 y la denunciante ante la fiscalía 24 es la señora Gloria Jiménez Ramírez quien figura en el expediente como víctima del juez Peña Hernández.
Lo resuelto en la tutela formulada por el presidente Uribe Vélez es reversible, y le corresponderá a los magistrados del tribunal superior entrar a revisar las absurdas consideraciones contenidas en el fallo impugnado, para definir si lo resuelto por el denunciado prevaricador Peña Hernández tiene sustento a la luz de la Constitución de nuestro país.
Publicado: julio 10 de 2020
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