Con enorme preocupación, y a pesar de las múltiples denuncias en redes sociales y artículos periodísticos, vemos cómo nuestra ciudad se ve afectada por las invasiones ilegales que ponen en riesgo los cerros tutelares, la cuenca del rio Cali, Pance, Aguacatal, Lili, entre otros.
La situación de las invasiones en Cali es un problema social y ambiental que se debe tomar en serio. Detrás de la expansión de las mismas se encuentran grupos delincuenciales organizados, mafias de tierras que han encontrado en la pandemia un refugio para justificar y acelerar su accionar. La imposibilidad de hacer cortes en sus servicios públicos, sumados a la dificultad en los desalojos, las pocas herramientas que tiene la Policía para actuar y el rechazo, muchas veces injustificado, por parte de la opinión pública a los procedimientos de recuperación de predios invadidos ilegalmente, han creado un caldo de cultivo ideal para el fortalecimiento de las mafias de tierras y generado como consecuencia el crecimiento de las invasiones.
Como si el problema no fuera suficientemente grave, esta semana recibimos denuncias de presencia de la guardia indígena en predios de Pance, justificando una invasión ilegal sobre un resguardo inexistente, hecho que debe ser estudiado con profundidad, ya que podemos estar frente al inicio de una ocupación sistemática de predios públicos y privados.
En las diferentes visitas de las autoridades han encontrado predios invadidos, parcelados y ofertando la venta de los mismos, situación que se convierte en un agravante social pues población vulnerable está siendo atraída con el espejismo de un pedazo de tierra, cuando en realidad se encuentran en un riesgo legal, físico y ocasionan graves daños ambientales.
Las autoridades en Cali no pueden esperar para fortalecer la Unidad de Control de Invasiones y Protección de Ecosistemas. La gran labor que venía desempeñando en la administración anterior era fundamental, pero hoy lamentablemente ni suena ni truena. Es un imperativo que desde el gobierno local se unan esfuerzos con los diferentes actores para atacar esta problemática que pone en jaque cerros, ríos y bosques.
Así mismo, es necesario que desde el Congreso sigamos adelante con la modificación del articulo 81 del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, para brindarle más herramientas y tiempo a nuestra fuerza pública, permitiéndoles ejercer una lucha real y frontal contra las mafias de tierras.
Frente a este problema no podemos seguir dando soluciones parciales. Llegó la hora de enfrentar a las invasiones ilegales como lo qué son, un acto criminal dirigido por bandas organizadas que engañan a la gente, ponen en riesgo la integridad y seguridad de miles de ciudadanos y depredan ferozmente nuestro medio ambiente. Parémosle- Bolas y pongamos el freno de mano a esta actividad criminal.
Publicado: julio 27 de 2020
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