La Sala Civil del Tribunal Superior de Cundinamarca prácticamente ha derogado la Constitución borrando de tajo, y sin responsabilidad ninguna, una de las principalísimas funciones del presidente de la República: el manejo de las relaciones internacionales.
Para nadie es un secreto que un sector -mayoritario- de la justicia colombiana desde hace bastante tiempo se ha convertido en un vulgar directorio político, al servicio de los intereses de la extrema izquierda.
A través de la denominada ASONAL Judicial, la izquierda penetró a la administración de justicia. Los sindicatos son esenciales para defender y velar por los intereses de los trabajadores. Pero estos se desnaturalizan cuando se dedican a la burda politiquería.
Y si hay algo que atente contra la democracia es, precisamente, la administración de justicia con sesgos políticos, como efectivamente sucede en Colombia.
La extrema izquierda, en cabeza del senador aliado de las Farc Iván Cepeda, interpuso una acción de tutela alegando que el gobierno debió contar con la autorización del senado para efectos de permitir la llegada de los asesores estadounidenses, que brindarán asistencia técnica para la lucha contra el narcotráfico.
No puede extrañar que Iván Cepeda, cuyo maridaje con el narcotráfico de las Farc es evidente, haya sido el encargado de lanzar una carga de profundidad contra el acuerdo de cooperación con los norteamericanos.
El argumento de Cepeda y los suyos es baladí. Arguyen que la autorización era necesaria, pero el precepto constitucional es apodíctico cuando indica, sin espacio para elucidaciones, que “son atribuciones del Senado [4] permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”.
La Real Academia Española, en una de las acepciones que resulta pertinente para el sentido del artículo de la Constitución, define el vocablo tránsito como un sinónimo de “paso”, concretando que se trata un “lugar para pasar de una parte a otra”.
Es un dislate creer que los asesores de los Estados Unidos son “tropas” y mucho más descabellado tratar de rematar al decir que aquellos están en tránsito, cuando es evidente que permanecerán asentados en distintas bases de nuestras fuerzas militares.
La decisión de los magistrados del Tribunal es brutal y claramente extralimitada. El presidente de la República tiene la función de dirigir las relaciones con otros países y aquellas incluyen, como es natural, la coordinación de mecanismos de cooperación en la lucha contra el crimen transnacional.
El narcotráfico es, sin duda alguna, la peor amenaza que se cierne sobre nuestra democracia y se constituye en un elemento de amenaza contra la seguridad nacional tanto de los Estados Unidos como de Colombia.
Celebrar convenios con otros países, y ponerlos en marcha es una facultad que no puede serle derogada al Jefe de Estado como lo hizo de facto el Tribunal de Cundinamarca al conceder la absurda acción de tutela presentada por Cepeda y sus compinches.
La decisión ha dejado en suspenso la cooperación y los asesores que han hecho el esfuerzo de ir a Colombia en plena pandemia, no pueden cumplir con sus funciones hasta que el Senado -según el Tribunal- no apruebe su estadía en el país.
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Esto no se trata de “acatar” el fallo, sino de defender la Constitución. El ministro de Defensa ha dicho que impugnará la decisión de tutela, pero cualquier cosa puede suceder en la instancia superior, habida cuenta de la nefanda politización de la rama Judicial.
Sería extravagante que el presidente Duque terminara tramitando ante el Senado la autorización del tránsito de unas tropas que ni existen ni están transitando por nuestra geografía.
Publicado: julio 6 de 2020
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