Soy un convencido de la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico condena a cadena perpetua para quien se meta con un menor de edad; en ese tema soy radical, no acepto interpretación diferente a que un criminal y demente de ese calibre se debe aislar de por vida de la sociedad. Los violadores que abusaron de esa menor de edad perteneciente al resguardo indígena deben ser condenados a la máxima pena: ellos son una vergüenza para la sociedad y para el Ejército.
En esta casa editorial y en varios escritos he manifestado que no creo en indignaciones selectivas y mediáticas. Sí aborrecen a los violadores integrantes del Ejército, también deberían aborrecer a los violadores de las Farc que ocupan curules en el Congreso de la República, o a los que fueron beneficiados con impunidad a través de los acuerdos de La Habana y ratificados por la JEP. No puede existir indignación y rechazo contra unos violadores y silencio cuando se trata de otros.
Una de las tareas aplazadas, más no archivadas, de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Santos y el grupo terrorista de las Farc, es la reestructuración administrativa y militar de nuestras Fuerzas Militares para dejarlas a disposición de sus intereses.
Equiparar a los integrantes de las Fuerzas Militares con los integrantes de las Farc fue de por sí, un golpe irreparable para la moral de los integrantes de las Fuerzas Militares y cambio dramático para el entendimiento colectivo que debe tener la sociedad de sus policías y soldados; para las nuevas generaciones y un sector de la opinión un soldado y un guerrillero están en la misma bolsa desde el concepto que han creado del conflicto armado.
La tarea de destruir la naturaleza constitucional de nuestras Fuerzas Militares no para. No es un caso aislado que se aproveche la violación para crear una ola de indignación y rechazo contra el Ejército. Tampoco es un caso aislado que el expresidente Samper, integrante del Grupo de Puebla y promotor del acuerdo de impunidad, escriba en su cuenta de Twitter que ese acto demencial hace parte de la formación castrense.
También se sumó a esa estrategia de desprestigio contra el Ejército la decana de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero, quien no dudo en dejar en el ambiente que existe una conducta sistemática del Ejército contra niñas y mujeres indígenas, para dejar a sus integrantes a disposición de tribunales internacionales.
De igual forma causa suspicacia que en medio de ese hecho, censurable y asquiento, se conozca queja disciplinaria en la Procuraduría contra otros integrantes del Ejército por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia, Alberto Brunori, por otro hecho de violación. Esa suspicacia pasa a ser certeza cuando el mismo Alto Comisionado, le pide al Presidente Iván Duque, suspender operaciones del Ejército en situaciones de seguridad ciudadana, y trasladar la Policía Nacional al Ministerio del Interior.
Señalar a todo el Ejército de violadores sí es una tarea sistemática por quienes saben que uno de los muros de contención contra la implementación de la agenda oculta de La Habana son los integrantes de las Fuerzas Militares, quienes no dudaran en hacer cumplir su juramento, mandato y fin, como es el de preservar y defender el orden constitucional.
Publicado: julio 7 de 2020
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