Si hay unas estructuras inoperantes, costosas e innecesarias en el Estado son las contralorías territoriales. Lejos de fortalecer el control fiscal en las regiones, estas entidades se han consolidado a lo largo de los años como una fuente de derroche burocrático a costa de los recursos de los contribuyentes. Ahora más que nunca, su eliminación debería ocupar los primeros lugares de la agenda legislativa.
En primer lugar, para entender el desastre de estas instituciones hay que partir de una diferenciación clara. La Contraloría, órgano de control encargado de vigilar la ejecución de los recursos, se divide en dos. Por un lado, está la Contraloría General de la República, es decir el nivel central de la entidad gerenciado desde Bogotá. Por otro lado, se encuentran las contralorías territoriales, las cuales, en teoría, supervisan la gestión fiscal de los departamentos y municipios del País.
Aunque este diseño institucional puede parecer lógico en el papel para construir un robusto sistema de control, en la práctica es completamente inútil, dado que las contralorías territoriales solamente vigilan el 30% de los recursos, el 45% de las sanciones terminan anuladas por haber sido mal hechas y solamente se recupera el 1.2% del dinero invertido en ellas.
Lo peor de todo, es que nada más para 2018 su costo anual ascendió a $290.000 millones…
Además, por si fuera poco, el año pasado el Congreso aprobó una reforma constitucional que fortaleció considerablemente las facultades de la Contraloría General de la República, a tal punto que, en un acto nunca antes visto, se ordenó un incremento de $636.000 millones en el presupuesto de la entidad durante los próximos tres años.
Esto, implica que la Contraloría General pasará de tener $586.606 millones asignados en 2019 a $1.2 billones en 2022, un crecimiento del 108%.
Debido a esta situación, si ya se dotó de dientes al nivel central de la entidad no tiene sentido que subsistan sus dependencias territoriales, más aún cuando el control efectuado desde Bogotá es preferente frente al realizado por las contralorías departamentales o municipales.
Es decir, en cualquier momento la Contraloría General tiene competencia para tomar las riendas de la vigilancia de los recursos y las respectivas investigaciones que se estén llevando a cabo en las regiones, a lo cual hay que adicionar el hecho que, gracias a la mencionada reforma, en Bogotá se concentran las capacidades técnicas, institucionales y financieras para supervisar de manera efectiva, y de la mano de la tecnología, la ejecución presupuestal de todas las entidades del País.
En otras palabras, los colombianos estamos manteniendo unas estructuras burocráticas regionales que, ciertamente, no sirven para otra cosa distinta a vincular funcionarios y contratistas sin necesidad. En momentos de crisis como los actuales, la eliminación de ineficaces gastos de funcionamiento como estos es más que vital para garantizar la disponibilidad de recursos para inversión.
Publicado: julio 29 de 2020
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