La discusión de una reforma tributaria en 2021 es inevitable. El aumento del gasto público, del déficit fiscal y del endeudamiento para responder a los desafíos generados por la crisis hacen que la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos sea un objetivo más que vital. Sin embargo, es crucial que en ese proceso no se afecten los contratos de estabilidad jurídica.
Esta figura, creada en 2005, implica que el Estado se compromete a garantizarle a los inversionistas que estos no se verán afectados por los cambios tributarios que se efectúen durante el tiempo de ejecución del contrato, lo cual cobra sentido en una Nación como Colombia donde, en promedio, cada dos años se lleva a cabo una reforma para modificar impuestos.
En otras palabras, es un blindaje más que necesario para que el País se convierta en un destino atractivo para los inversionistas extranjeros, dado que entre más estabilidad y menor incertidumbre jurídica y tributaria haya en un territorio, es más probable que los grandes capitales internacionales lleven su dinero allí, lo cual se traduce en generación de riqueza y de empleos formales.
Evidentemente, los resultados de su implementación fueron más que positivos. Por ejemplo, la inversión extranjera directa -IED- en Colombia aumentó 514% de 2003 a 2008, donde pasó de USD$1.720 millones a USD$10.564 millones. El crecimiento porcentual más alto de la historia reciente del País.
Sin embargo, de manera inexplicable el Gobierno Santos eliminó esta figura en la reforma tributaria del 2012, lo cual fue determinante para que la IED pasara de USD$ 16.169 millones en 2014 a USD$11.535 millones en 2018. Una pérdida del 28.65%.
Además, esta decisión junto con el aumento en la carga impositiva en ese periodo llevó a que Colombia cayera 22 puestos en el ranking Doing Business, donde pasó del lugar 37 en 2010 al 59 en 2018, a lo cual hay que adicionar que el pago de impuestos y el cumplimiento de contratos son los dos aspectos donde peor le va al País en dicha medición.
Afortunadamente, el Gobierno Duque en la Ley de Financiamiento de 2018 revivió los contratos de estabilidad jurídica para las mega inversiones, situación que fue crucial para que la inversión extranjera en 2019 lograra un crecimiento del 25% frente al 2018 y reportara la cifra más alta en 5 años.
Por eso, es más que fundamental que en las discusiones que se empezarán a dar desde ahora para equilibrar las finanzas de la Nación se mantenga intacta esta figura. Lejos de eliminarla, como han propuesto algunos, hay que fortalecerla.
Seguramente habrá que enajenar activos o establecer nuevos tributos para reducir el 65.6% de endeudamiento y el 8.2% de déficit fiscal con que se prevé terminará el País en 2020, pero sacrificar estos contratos implicaría darle una estocada mortal a la confianza inversionista que con tanto esfuerzo se ha recuperado en este Gobierno.
Publicado: julio 15 de 2020
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