Poco más de 50 expertos estadounidenses llegaron al país, para prestar asesoría en la lucha contra el narcotráfico. Ya era hora de que el gobierno del presidente Duque tomara la iniciativa para enfrentar el flagelo que hunde a nuestra democracia.
Los cultivos ilícitos no son un fenómeno sociológico como la extrema izquierda nos quiere hacer creer, sino un problema de seguridad nacional.
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La izquierda, perfectamente angustiada por la presencia de la cooperación estadounidense, ha vendido la falsa tesis de que se requería aprobación del senado de la República para que los asesores pudieran aterrizar en nuestro país, enarbolando un artículo de la Constitución -el 170- que le concede a la Cámara Alta la facultad de “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”.
Este no es el caso. Los militares norteamericanos que han llegado a nuestro país, no vienen armados, no van a participar en operaciones, no estarán en el terreno, no vienen en plan de combate. Son expertos que brindarán apoyo tecnológico para que los destacamentos antinarcóticos de Colombia, sean eficaces en la erradicación de los cultivos ilícitos. Y dicha asesoría se desenvolverá, en el marco de los acuerdos que existen entre nuestro país y los Estados Unidos desde hace 70 años.
Entonces, ¿a qué le teme la izquierda? La respuesta es evidente: uno de los puntos de honor de las Farc era el de no tocar las plantaciones de coca. Santos cedió, e inaceptablemente suspendió la fumigación aérea. En pocos meses, nuestra geografía volvió a llenarse de esos cultivos y el desenlace ha sido fatal: la producción de clorhidrato de cocaína se disparó.
El gobierno de los Estados Unidos, país directamente afectado por el tráfico de estupefacientes procesados en Colombia, ha emitido alertas conminando a nuestro país a emprender las acciones que sean necesarias para revertir esa situación.
Los alegatos de los extremistas como Petro, Gustavo Bolívar y demás, son ridículos. Indican que la presencia de los asesores estadounidenses es un desafío a la dictadura de Venezuela, esa misma que ellos tanto aplauden y defienden.
Es evidente que una guerra o una invasión militar no puede realizarse con 53 militares. Este asunto no tiene relación ninguna con el problema venezolano.
Ahora, lo que sí ha quedado en evidencia, es el compromiso irreductible de un sector político colombiano con el narcotráfico, razón por la que la embajada de los Estados Unidos en Bogotá debe tomar atenta nota y adoptar las decisiones a que haya lugar.
Hace un par de años, el Departamento de Estado tomó la decisión de cancelar la visa de 16 de los 128 diputados de Honduras, por su participación en actos de corrupción y su complicidad con bandas narcotraficantes.
La lucha contra las drogas es un propósito común colombiano. Cualquier intento de entorpecimiento, debe asumirse como un acto de cooperación con los ilegales. Si Colombia quiere doblar la página del terrorismo, está en la obligación de erradicar, al precio que sea, hasta la última hectárea de coca.
Maravilloso que ya estén en nuestro país los asesores estadounidenses. Su presencia y su conocimiento, serán definitivos para el éxito de la política antidrogas del gobierno nacional.
Publicado: junio 3 de 2020
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