A pesar que el Gobierno Santos se empeñó en vender ante la opinión pública que el gran legado que le dejaba al País era el proceso de La Habana, las cosas no son así. Hoy estamos pagando las consecuencias del excesivo aumento en el endeudamiento que generó esa administración, lo cual limita las medidas que el Presidente Duque puede tomar para mitigar el impacto de la crisis y condenará a la siguiente generación a tener menos recursos disponibles para inversión.
Para comenzar, es necesario hacer una claridad. El Estado, al igual que cualquier empresa, tiene dos fuentes principales de financiación: la capitalización (impuestos) o el endeudamiento. Sin embargo, aunque ambas son igual de válidas tienen repercusiones políticas diferentes.
En efecto, mientras que un alza en los impuestos acarrea un alto costo político en el corto plazo para el Gobierno, el endeudamiento no, dado que las consecuencias de este se sienten en el mediano y largo plazo. Es como poner una inyección sin dolor.
Por eso, es común que los Gobiernos prefieran acudir al endeudamiento para financiar su gasto, lo cual no es per se malo. El problema, es cuando se abusa de esta figura en épocas de abundancia en vez de generar ahorro para los momentos de escases. Y si hubo una administración que hiciera eso fue la de Juan Manuel Santos…
Por ejemplo, la deuda externa del País que en 2001 equivalía al 39.9% del PIB se logró disminuir en el Gobierno Uribe al 22.6% del PIB en 2010. No obstante, la administración Santos elevó este rubro al 39.6% del PIB para 2018.
Además, mientras que en 2010 la deuda bruta del Gobierno Nacional Central representaba el 38.8% del PIB, en 2018 ese concepto aumentó al 50.6% del PIB. En otras palabras, Santos tiró a la basura los esfuerzos de austeridad y disciplina fiscal realizados de 2002 a 2010.
¿Cuál es el problema de esta situación?
Muy sencillo. Cada vez se tienen que asignar menos recursos en el Presupuesto para inversión y más para pagar el servicio de la deuda. Nada más para el 2020 de los $271.7 billones que aprobó el Congreso se destinaron $54.5 billones para dicho rubro, de los cuales $23.6 billones fueron para amortizaciones y $30.9 billones para pago de intereses.
Es decir, el 20% del Presupuesto de la Nación del 2020 se utilizó para pagar los compromisos de la deuda de este año.
Además, el aumento en el endeudamiento generado por el Gobierno Santos hace que el Presidente Duque tenga un margen de acción mucho más restringido a la hora de adoptar las medidas necesarias para mitigar el impacto de la crisis.
Por ejemplo, los 11.8 puntos porcentuales en los que aumentó la deuda bruta de 2010 a 2018 equivalen a $125 billones actuales, 4.4 veces más que los $28.6 billones que hasta el momento ha destinado el Gobierno Duque en el marco de la pandemia.
Evidentemente, de no haber derrochado esos recursos hoy el País tendría un cupo de endeudamiento mucho mayor para afrontar la crisis económica, tal como sí lo tienen naciones como Perú o Chile que finalizaron el año pasado con deudas que equivalían al 26.8% y 27.7% de sus respectivos PIB.
En otras palabras, el Gobierno Duque está pagando los platos rotos del excesivo endeudamiento que generó la administración Santos. Ante la imposibilidad de aumentar la carga tributaria en estos momentos la única salida viable de financiación es la deuda, de la cual nunca se debió haber abusado de 2010 a 2018 cuando no afrontábamos una coyuntura si quiera similar a la crisis actual.
Ese es el verdadero legado del Gobierno Santos…
Publicado: junio 10 de 2020
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