Desde marzo de 2019, la fiscalía general de la nación tiene en la mira al polémico gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo sobre quien pesan graves señalamientos que van desde asuntos de corrupción hasta el asesinato de un joven universitario.
Caicedo Omar es, sin duda, el único colombiano sobre el que pesa una medida de aseguramiento por homicidio que pudo inscribirse y ser elegido como gobernador, como efectivamente sucedió en octubre del año pasado cuando ganó por un amplísimo margen las elecciones en el departamento del Magdalena.
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Las investigaciones contra Caicedo y su socio político el también exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez apuntan a que hicieron, según la justicia, un negocio estupendo en la construcción y remodelación de unos centros de salud en la capital magdalenense.
El negociado empezó a cocinarse en el año 2014, cuando Caicedo -en la época alcalde de Santa Marta- contrató la demolición de unos puestos de salud y la construcción de 5 nuevos.
Para la fiscalía general de la nación, en ese proyecto se invirtieron más de $6500 millones de pesos y las obras jamás se realizaron.
Pasados 4 años, uno de los puestos de salud que debía ser demolido, aún continuaba en pie, a pesar de que se había supuestamente pagado el costo de su desmantelamiento.
Durante toda la alcaldía de Caicedo, las obras nunca se adelantaron. En enero de 2016, él fue reemplazado por su compañero político, Rafael Alejandro Martínez quien tan pronto se posesionó, ordenó la adición de $5 mil millones de pesos para culminar las obras que, a hoy, solo existen en la imaginación de Caicedo y sus aliados.
En aras de recuperar algo del dinero desaparecido, la fiscalía del doctor Francisco Barbosa tomó una decisión trascendental al decretar la extinción del dominio de un grupo de propiedades de Carlos Caicedo y su aliado Rafael Martínez. A través de un comunicado, la fiscalía informó que la medida afecta a un grupo de inmuebles cuyo valor es superior a los $760 millones de pesos, propiedades que según los investigadores “habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales sólo uno fue terminado”.
Un nuevo escándalo en el que se ve involucrado quien de lejos representa -junto a Gustavo Petro- el sector más radical, incendiario y pendenciero de la extrema izquierda.
Caicedo, acostumbrado a responder con insultos e improperios los señalamientos, en entrevista con Vicky Dávila se fue lanza en ristre contra el fiscal general Francisco Barbosa diciendo que la decisión es política y no jurídica y, como siempre se fue por el camino del populismo y la autoconmiseración con el propósito de presentarse como una víctima.
La estrategia de Caicedo, por demás pueril, consistió en alegar que los inmuebles que fueron embargados con fines de extinción de dominio, son propiedades ubicadas en barrios populares en las que habitan su anciana madre y los hijos fruto de un matrimonio anterior.
¿Y si eso fuera cierto, entonces la justicia no puede actuar por el grado de parentesco y la edad de los inquilinos de los apartamentos sometidos a extinción? ¿Acaso las propiedades ubicadas en zonas populares pero adquiridas con dinero de la corrupción, gozan de indemnidad frente a la justicia?
Este escándalo de corrupción no es nuevo y Caicedo no puede seguir escudándose tras su condición de desmovilizado ni de jefe de la extrema izquierda para hacerle el quite a las investigaciones adelantadas por la justicia colombiana, investigaciones que, valga decirlo, empezaron durante la fiscalía de Montealegre, continuaron en la administración de Néstor Humberto Martínez y siguen en la del doctor Francisco Barbosa. ¿Todos ellos se han confabulado en contra suya? Más bien, todo indica que le llegó la hora de responder por sus delitos.
Publicado: junio 30 de 2020
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