Durante los últimos días hemos recibido múltiples denuncias por parte de varios ciudadanos que a la fecha están viendo con preocupación que se encuentran entre la espada y la pared. Por un lado, muchos se encuentran sin ingresos o sin empleo, y otros tantos, están pasando grandes dificultades por tener sus empresas cerradas ante la inminente posibilidad de un contagio. Pero también hemos conocido de muchos casos de ciudadanos a los que la llegada de cuentas de cobro que están a punto de asfixiarlos. Muchas de estas cuentas provienen de los servicios públicos, causando una sorpresa inmensa entre propios y extraños: las facturas llegan por las nubes (dicen), o calculadas con promedio, aun cuando las personas tienen sus locales y empresas cerradas. No es justo.
El panorama ya era lo suficientemente complejo para un gran número de emprendedores y empresarios, pero a pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional, parece que el mensaje o ha llegado tarde o no ha llegado a oídos de las empresas de servicios públicos. Esto es francamente inaceptable.
El Gobierno ha tomado importantes decisiones que deberían brindar oxígeno a muchos sectores de la economía, empezando por darle vida y herramientas para su recuperación, mostrando su compromiso con la sociedad. En términos de servicios públicos, el Ministerio de Minas y Energía anunciaba que FINDETER contaba con la autorización y la capacidad para prestarle dinero a las empresas de servicios públicos a fin de poder financiar el pago de facturas que se fueran atrasando. Adicionalmente, la Superintendente de Servicios Públicos anunció que las Empresas de Servicios Públicos no podían cobrar por promedio (exceptuando solo en los casos donde no se cuenta con contador en el domicilio), y mucho menos, que pueda cortarse la prestación de servicio por falta de pago.
Adicionalmente, desde el Ministerio de Minas se había anunciado que la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), había expedido una circular de obligatorio cumplimiento para que las empresas prestadoras de servicios públicos bajaran los costos a los usuarios. La respuesta, al parecer ha sido hacerse los de oídos sordos.
Hay que estar atentos a denunciar cualquier caso de sobrecostos en las facturas de servicios públicos. Debemos Pararle Bolas a los abusos a los que puedan estar sometiendo a personas naturales, a independientes, a empresarios de todos los tamaños, en especial si estos prestan los servicios que nos permiten mantener la salubridad, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de los colombianos durante estos tiempos tan difíciles. El agua, el gas y la energía, deben ser tratados como servicios públicos esenciales, los abusos en su cobro no se acompasan con nuestra realidad, y por el contrario, sin caer en ningún tipo de eufemismo, son una forma de corrupción y mezquindad. Jamás he pregonado la cultura del no pago, pero tampoco bajaré la guardia cuando de proteger a nuestra ciudadanía se trata.
Publicado: mayo 18 de 2020
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