Los hechos demuestran que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo debió declarar insubsistente al ahora exdirector de la Justicia Penal Militar, Alejandro Ramírez hace muchísimo tiempo.
Ese exfuncionario, que llegó al cargo por recomendación de un exgobernador de origen conservador, fue un verdadero dolor de cabeza para la Justicia Penal Militar.
De acuerdo con las normas, su labor era puramente administrativa, que no jurisdiccional. Eso significa que el señor Ramírez no tenía competencia para conocer de procesos contra miembros de la Fuerza Pública.
No obstante, este portal pudo establecer con distintas fuentes del ministerio de Defensa que Ramírez utilizaba los peores términos para referirse a buena parte de la cúpula de las Fuerzas Militares, emitiendo prejuzgamientos inadmisibles contra generales sobre los que no pesan dudas ni cuestionamientos.
LOS IRREVERENTES dialogaron con el exdirector Ramírez quien confirmó que en algún momento él supo de una investigación que se adelantaba por parte de una juez contra el general Enrique Zapateiro Altamiranda. Según él, “la juez me comentó que se habían robado parte de un expediente contra Zapateiro, razón por la que le recomendé que, para evitar que le abrieran a ella un proceso disciplinario, le compulsara las copias a la corte suprema de justicia”. ¿Por qué el director ejecutivo de la Justicia Penal Militar se inmiscuyó en los detalles de una investigación sin tener competencia para ello? El no tenía autoridad ninguna para ordenar o siquiera sugerir una acción en ese sentido, pues los jueces son libres de tomar las determinaciones que consideren pertinentes.
General Zapateiro, comandante del Ejército
Igualmente, altos funcionarios del ministerio de Defensa aseguraron que, en por lo menos dos reuniones, el señor Alejandro Ramírez emitió juicios de valor en contra del general Zapateiro, afirmando que él es un “bandido”. Al preguntársele al respecto por parte de este portal, afirmó que “los motivos por los que la juez le compulsó copias son muy graves. Y es muy delicado que se hubiera nombrado como comandante del Ejército a un oficial sobre el que pesaba una compulsa de copias”. Esa declaración, pone en evidencia una vez más que quien fuera hasta la semana pasada director de la Justicia Penal Militar, claramente extralimitó sus funciones, metiendo sus narices en asuntos delicadísimos sin contar con las facultades legales para hacerlo.
Pero resulta extraño que el Ramírez que deshonraba a Zapateiro en reuniones de trabajo, paralelamente respondiera derechos de petición confirmando que ese general no tenía investigaciones en curso. En la redacción de este portal, hay copia de una comunicación firmada por el exdirector de la Justicia Penal Militar y dirigida al abogado de ese oficial, en la que se lee claramente que “una vez verificada la estadística reportada por los despachos judiciales y que reposan en el Grupo de Gestión y Desarrollo de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, a corte 30 de junio de 2019, no se evidenció registro alguno de causa penal adelantada en su contra [del general Zapateiro].
Ante la lluvia de quejas por su comportamiento, la dirección de control interno sectorial del ministerio de Defensa, inició una auditoría integral sobre el despacho de Ramírez, encontrando un cúmulo de irregularidades que posiblemente tendrán consecuencias penales y disciplinarias.
Durante los 8 meses que él estuvo al frente de la Justicia Penal Militar, ordenó 140 traslados de jueces y, según un funcionario que participó en la auditoría, se pudo establecer que más del 90% de los mismos se realizaron de forma irregular, puesto que no estuvieron motivados ni se les permitió a los funcionarios que fueron trasladados presentar los respectivos recursos. Lo que es más grave: Ramírez aseguraba que dichos traslados eran necesarios para “dinamizar a la Justicia Penal Militar y evitar riesgos en la administración de justicia”.
Al leer las 15 funciones legales del director ejecutivo de la Justicia Penal Militar, queda perfectamente claro que quien ocupe ese cargo no puede hacer nada relacionado con la administración de justicia, ni conocer detalles de los procesos. Su rol es administrativo: Comprar insumos de oficina, tener al día los presupuestos, coordinar pagos y demás gestiones de ese estilo.
Uno de los hallazgos que encendió las alarmas de los funcionarios de control interno del Ministerio de Defensa que adelantaron la auditoría, es el que hace referencia a unos traslados ordenados por Ramírez a despachos que no estaban vacantes.
Lo cierto es que, ante la catarata de irregularidades, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo tomó la decisión de declarar insubsistente al hombre que se pavoneaba por los pasillos del ministerio denigrando a altos oficiales, lanzando arengas en contra de militares honorables que han obrado con transparencia a lo largo de sus vidas, e intimidando a otros funcionarios de esa cartera, haciendo alarde de su supuesta cercanía con personas influyentes del uribismo, como el exministro Fernando Londoño -de quien dice ser sobrino-, Rafael Nieto y la senadora María Fernanda Cabal.
El pasado 8 de mayo, concluyó la auditoría contra Alejandro Ramírez y el funcionario que la lideró y suscribió -Orlando Vega-, solicitó que se adelante una investigación por las irregularidades con incidencia penal y disciplinaria que fueron identificadas.
No deja de ser paradójico que Ramírez, ese mismo que descalificaba al general Zapateiro por una compulsa de copias ordenada por una juez penal militar, ahora haya sido objeto de una determinación semejante.
Publicado: mayo 14 de 2020
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