Colombia sufrió la atroz violencia de las Farc y los paramilitares, que sin misericordia desangraron la patria, financiados todos por el negocio del narcotráfico. La desmovilización del Gobierno Uribe de mas de 50 mil hombres, redujo el índice de homicidio en 45%. El proceso de La Habana produjo una reducción en violencia mucho menos significativa, y el términos de los hombres armados de la ilegalidad fue inane. Pasamos de 10.146 hombres en armas a 9.298; pese a que se desmovilizaron 8 mil. Apagar esos 848 fusiles nos costará 129 billones, se liberaron 2.124 guerrilleros, cuyas penas suman 19.195 años, años de impunidad; la justicia politizada llamada JEP; usurpándole a las mayorías democráticas el derecho ganado en elecciones de modificar esos acuerdos.
Y sin embargo, en ese desequilibrado acuerdo, lleno de cargas para el Estado y los contribuyentes; las escasas obligaciones de las Farc, las incumplieron sin pudor.
No se usó la información disponible para exigirle a las Farc que entregaran sus recursos; optamos por un mecanismo de confianza para que ellos mismos inventariaran lo que entregarían. Unos 900 mil millones; dijeron. Muy lejos de lo denunciado por la Fiscalía: 22 billones… y aun así, de eso que iban a entregar el 43% no es monetizable y no tiene vocación reparadora. De lo monetizable, el 20% se lo llevaron las disidencias, nos deben 311 mil millones, el 57%, y tienen plazo hasta el 31 de julio para entregarlo.
Los compromisos de desminado humanitario son todavía más lamentables: han dado a conocer la ubicación de 7 minas antipersonal, 5 artefactos explosivos y 12 municiones sin explotar. En las listas de desmovilizados había varios narcos colados; seis muy grandes tuvieron que ser excluidos por el Gobierno Duque; sin contar que Iván Márquez, jefe negociador del acuerdo, y varios otros negociadores pasada la firma siguieron dedicados al fructífero negocio del narcotráfico. La justicia politizada JEP los dejó escapar, para que conformaran una disidencia con 2.500 hombres que hoy asesina lideres sociales.
El tema de los menores reclutados, que explicaron los negociadores, no quedaba en el acuerdo, por ser un tema de confianza; tampoco salió bien. Entregaron una lista con 144 menores, cuando se habla de que el numero de niños reclutados podía ser superior a los 10 desde su inicio. La Oficina del Alto Comisionado de este gobierno descubrió mas de doscientos camuflados en las listas generales.
Entre 1982 y 2016 pasaron más de 100 hombres por Estado Mayor de las Farc. La gran mayoría no aparecen como desmovilizados. De los integrantes del Comité Internacional de tampoco se sabe nada. De los 13.202 desmovilizados, ya no se conoce el paradero de 799; según la Fiscalía 1.113 han cometido algún delito después del acuerdo. La JEP solo ha abierto 7 incidentes y expulsado a 3 miembros.
La JEP merece un capítulo aparte. Es el fortín burocrático de la mas ferviente militancia de izquierda. No me refiero a personas con ideas de izquierda, sino a políticos, candidatos de la izquierda. Nada de malo tendría ello, sino fuera porque pretenden fungir de jueces imparciales. Tiene sentido con el propósito de asegurar la impunidad de los miembros de las Farc, pero es un despropósito si se pretende juzgar nuestros militares ahí mismo, bajo ese mismo sesgo; para ellos sigo aspirando a una justicia justa.
Publicado: mayo 22 de 2020