Este confinamiento obligatorio ha permitido conocer sin maquillajes ni caretas el drama que padecen millones de personas que no pueden garantizarles a sus familias los alimentos indispensables para el diario vivir; es lo que llaman los economistas y el DANE: canasta básica familiar o artículos de primera necesidad.
Los ingresos del 47% de los colombianos depende de actividades informales. Esto indica que millones de familias dependen de la labor diaria que realice el responsable de la familia. La pandemia obligó a confinarnos. La consecuencia de este confinamiento para millones de personas es la imposibilidad de obtener ingresos diarios. Sencillo.
Además, si le sumamos la situación ancestral que padece otro sector de la población que, por sus condiciones de edad, incapacidad, condición social o cultural, están imposibilitados para trabajar o generar un ingreso para su propia subsistencia ha obligado al Estado como deber constitucional a brindar asistencia inmediata a través de la entrega focalizada de mercados a la población referenciada. Es entendible y no lo critico.
Esta situación inesperada tiene contra las cuerdas a los gobernantes, ajustando presupuestos, haciendo prestamos, reajustando planes de desarrollo y aplazando proyectos de infraestructura; porque es entendible que la angustia diaria que viven las personas y familias vulnerables y no vulnerables que dependen de la dinámica económica requieren del apoyo del Estado, y eso implica presupuesto, dinero, no buenas intenciones.
Todos estamos dándole vueltas a la cabeza para aterrizar nuevas ideas, reinventarnos, ajustar presupuestos. También el Estado debe revisar como se reinventa, se generan ideas y políticas pertinentes y necesarias que permita evaluar y debatir con prontitud, eficacia de las políticas asistencialistas que operan y que otorgan beneficios económicos a sectores focalizados por la Dirección Nacional de Planeación y administrados por instituciones como Prosperidad Social y Bienestar Familiar.
La pandemia colapso la economía, el consumo y los ingresos: suficiente para generar una catástrofe social de no levantarse con prontitud el confinamiento. La entrega física de mercados por parte del Estado (presidencia, gobernaciones y alcaldías) es una medida urgente que mitiga una necesidad inmediata, pero no soluciona el problema. Por el contrario: deteriora la dignidad del núcleo familiar, le entrega gasolina a la corrupción y no mueve la cadena de consumo ni la economía local.
Las propuestas que se vienen escuchando de modificar los programas asistencialistas para sustituirlos por bonos solidarios o ingreso mínimo vital -como lo propone un sector congresional del Centro Democrático- debe ser escuchado dentro del Gobierno Nacional. Si lográramos consolidar un ingreso mínimo vital para millones de familias vulnerables, para personas que pierden su empleo y que deben responder por su familia, y para otros casos específicos, estaríamos dándole un cambio fundamental a la estructura social del Estado.
El ingreso mínimo vital sería una columna poderosa para garantizar al núcleo familiar seguridad alimentaria que sumado a otros pequeños ingresos que ellos generen, garantizaría un ingreso que soporte situaciones como la que padecemos. También dignificaría al ser humano, le entregaría libertad en la compra al disponer dentro de su discrecionalidad cuales son los elementos necesarios que se necesitan. Y lo más importante: el Estado estaría reactivando la economía más importante de todas que es la local, la del barrio, la del pueblo.
Ese ingreso mínimo vital genera consumo, y ese consumo genera producción, y esa producción genera empleo. Es una cadena necesaria e interminable para reactivar la economía y preservar el empleo.
Publicado: mayo 5 de 2020