A mediados del siglo pasado, Colombia mostraba una imagen de país con predominancia rural, con únicamente 4.5 millones de personas clasificadas como población urbana y 6.9 millones de personas como población rural. Entre 1950 y la realización del censo de 1973, esta estadística se invirtió y la violencia política rural, unida al crecimiento demográfico, evidenciaron que en sólo las 12 ciudades más grandes del país, se censara a 7.5 millones de personas, mientras que en el campo, en su totalidad, se censaron 8.5 millones de personas. Así las cosas, en 23 años, Colombia pasó de ser un país rural a ser uno de mayoría poblacional urbana, que demandaba infraestructura de servicios públicos, de salud y educación. La ecuación poblacional se fue invirtiendo y si en 1973 de cada 100 colombianos, 60 habitaban los centros urbanos, hoy solo el 26 por ciento de la población colombiana vive en el área rural. De ese porcentaje según el DANE “el 20 por ciento -es decir unos 2,2 millones de personas- son niños y jóvenes entre 10 y 19 años, mientras que cerca del 28 por ciento de los campesinos tienen más de 50 años”
Mientras las ciudades colombianas fueron creciendo con una población de vocación agropecuaria, el campo colombiano crecía en unidades bovinas con la práctica de la ganadería extensiva, la mano de obra era desplazada por la incipiente industrialización de la agricultura, al tiempo que los jóvenes eran incorporados a las partes del conflicto armado. La importación de alimentos se incrementó y la marginalización de la agricultura a tierras de ladera la dejo lejos de ser competitiva, únicamente en la escala de subsistencia.
La actual crisis nos invita a revisar el modelo agropecuario que es de corte feudal. Se debe revisar el catastro nacional eliminando la discusión desde criterios marxistas y abordándola sobre la función social de la tierra productiva y la ociosa. De qué nos sirve continuar pastoreando una vaca o un novillo por hectárea, si la rentabilidad no va más allá del valor de un kilo de carne en pie por día o de treinta botellas de leche, teniendo que descontar el valor de los insumos que sirven como complementos de producción. Es momento de pensar en la seguridad alimentaria de la sociedad en conjunto.
Hay que desconcentrar por vocación. Eso significa que las ciudades deben reorganizarse, permitiendo que quienes tengan vocación agropecuaria retornen al campo y adelantar un proceso de reconstrucción urbana, con coordinación estatal. Las ciudades crecieron desordenadamente sin ningún criterio técnico, ambiental y urbanístico. Se trata de recuperar esos espacios urbanos a la par con la reactivación de la productividad del campo.
La lección la estamos aprendiendo de manera concomitante. Donde yo nací, decían que “por más que uno tenga, no puede almorzar dos veces” y eso está quedando demostrado. La solidaridad que despertó el COVID 19 no puede desperdiciarse. Reinventemos el modelo con la intervención del Estado, pero eso sí, sin dejarnos meter en la discusión de mamertos y derechosos. El Estado debe comprar las áreas dejadas en las ciudades por los campesinos marginados y a su vez comprar las tierras para esa operación de retorno. En paz.
Finalmente un interrogante: ¿Qué hacer para que esos 2,2 millones de personas -niños y jóvenes entre 10 y 19 años- desarrollen en su actual entorno, un proyecto de vida con calidad y dignidad, incorporando en ella el derecho a la felicidad? Necesitamos diseñar políticas que contribuyan a cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural. La cobertura de internet gratuito en áreas rurales seria buen punto de partida.
Publicado: mayo 15 de 2020