Además de los ya conocidos impactos económicos y laborales de la pandemia, hay una consecuencia de la que poco o nada se ha hablado pero que está profundizando las brechas sociales en el País: la educación virtual.
Como tal, en Colombia hay cerca de 9.8 millones de estudiantes de colegio. El 80% acude a la educación pública y el 20% restante a instituciones privadas. Además, aproximadamente 2.4 millones de personas están matriculados en programas de educación superior.
Este amplio universo de jóvenes no está dentro de la población de riesgo dentro de las proyecciones estadísticas y epidemiológicas del coronavirus. Sin embargo, para disminuir la curva de contagios el Gobierno decidió, de manera acertada, suspender las clases presenciales y trasladarlas a escenarios virtuales.
El problema, es que en un País como Colombia donde los índices de desigualdad social son tan altos la virtualidad de la educación se puede convertir en un punto de quiebre para generar un mayor distanciamiento entre la formación que reciben sus habitantes.
Por ejemplo, mientras que en Bogotá, Antioquia, Valle o Atlántico la proporción de hogares que tienen computadores supera el 41%, en Cesar, Sucre o Huila esa cifra oscila entre el 16.8% y el 24.7% y, peor aún, en La Guajira, Chocó, Arauca o Amazonas el indicador es menor o igual al 16.7%.
De igual manera, los hogares con internet en Bogotá llegan al 75.5%, en Antioquia al 54.7% y en Valle del Cauca al 69.3%, pero, al mismo tiempo, en Vaupés solamente están conectados el 1.8%, Vichada el 5%, Putumayo el 15.2% y Guainía el 8.5%.
En otras palabras, mientras que la conectividad la clase media y alta del centro del País es alta, en los estratos 1 y 2 y los departamentos de la periferia es una efímera ilusión que hace que la educación virtual sea imposible de lograr.
Por eso, en un País donde solamente 21.7 millones de personas tienen acceso a internet, es decir la mitad de la población, es imposible pretender que todos los estudiantes de educación básica, media y superior puedan sobrellevar las clases virtuales de la misma manera.
Ahora bien, con esto no digo que no se estén haciendo esfuerzos. De hecho, tanto las familias como los estudiantes y los profesores han hecho todo lo que está a su alcance para que no se vea obstaculizado el proceso de aprendizaje.
No obstante, si la suspensión de las clases presenciales se extiende al segundo semestre el Gobierno tendrá que resolver una encrucijada crítica: suspender el año escolar y tratar a todos los estudiantes por igual o mantener la virtualidad de la educación.
En cualquier caso, pero sobre todo en el segundo, la labor que deberá hacer el Ministerio de las Tics será titánica. Ahora más que nunca se requiere con urgencia la implementación de la Ley Tics, de tal manera que más hogares puedan tener acceso a internet y la virtualidad de las clases no se convierta en una causa adicional que profundice las diferencias sociales del País.
Publicado: mayo 1 de 2020