El jefe del grupo denominado Colombia Humana, Gustavo Petro, ha demostrado ser inmune a la acción de la justicia.
Basta con mirar las acciones cometidas por ese sujeto en los dos últimos años para constatar que pareciera que él tiene una suerte de licencia para delinquir, que le permite hacer lo que le venga en gana sin que las autoridades puedan intervenir.
El episodio del video en el que él aparece cargando unas bolsas con gruesos fajos de dinero, habría sido suficiente para que la justicia interviniera de manera expedita. Si el protagonista de aquellas imágenes hubiera sido cualquier otro colombiano, esa persona ya estaría respondiendo por una nutrida colección de delitos.
Se puede avizorar que la corte suprema de justicia -esa que es tan rápida cuando de abrir investigaciones contra el presidente Uribe- nunca citará a Petro para que dé su versión de los hechos.
Está claro que su misterioso viaje a Cuba del pasado 18 de marzo no es un delito, o por lo menos no existe evidencia de lo contrario. Los congresistas colombianos, como cualquier otro ciudadano, tienen libertad de locomoción siempre y cuando cumplan con las reglas establecidas. Es evidente que Petro salió del país sin haber informado previamente de su viaje al Senado, algo que es obligatorio.
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Al verse desenmascarado, apareció con la exótica historia del supuesto cáncer que sólo existió en la imaginación retorcida del exterrorista del M-19 que cobardemente no ha querido decirle al país realmente qué fue a hacer a Cuba.
Desde el pasado 14 de abril, el abogado Hollman Ibáñez presentó ante la Procuraduría, una queja disciplinaria en contra del senador. Habrá que esperar cuál será la reacción de Fernando Carrillo, quien ha convertido al organismo de control disciplinario de los servidores públicos, en un cuartel para promocionar su carrera política. Es muy posible que el procurador pase de largo y no se atreva a emprender las indagaciones contra el viajero Petro.
Y en medio de este debate, surgió una información supremamente grave. Como es sabido, en diferentes municipios del Cauca, están apareciendo disidencias de las Farc para amedrentar a la población, obligándolas al desplazamiento y realizando el reclutamiento forzado de menores. El objetivo de estas bandas emergentes, es el de hacerse con el control de las rutas para el tráfico de estupefacientes a través del océano Pacífico.
A esto, se une el apoyo que la izquierda proporciona para que estas actividades ilícitas sigan desarrollándose, al hacer publicidad falsa con los asesinatos de personas que son presentadas como “lideres sociales”, cuando en realidad se trata de ajustes de cuentas de la mafia. Durante este año, el gobierno Nacional ha podido confirmar que de todas las muertes que se han presentado como líderes sociales asesinados, solo 9 han podido ser validadas como tales.
La izquierda pretende que en estas zonas -donde hay una importante influencia de grupos indígenas- no haya presencia de la Fuerza Pública, con lo que se facilita el aumento de los cultivos ilícitos.
Hace unos días, la periodista Salud Hernández, publicó fotos de un disidente de las Farc mostrando gran familiaridad con Gustavo Petro. No es un líder social, ni un desmovilizado, ni un campesino. No. Se trata de un sujeto dedicado a actividades terroristas y de narcotráfico en el Cauca.
Como era previsible, Petro no ha dado -y posiblemente nunca dará- las explicaciones del caso, porque él tiene una amplia licencia para pasarse por la faja a las leyes de la República.
Publicado: abril 27 de 2020
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