Para nadie es un secreto que la rama judicial colombiana se ha convertido en una lamentable cueva clientelista y politiquera.
Desde la aprobación de la constitución de 1991, las altas cortes se desnaturalizaron y las magistraturas -otrora ocupadas por grandes juristas- fueron entregadas a activistas que más saben de las intrigas y de los ajustes propios de la acción política que de leyes y jurisprudencia.
Uno de los errores imperdonables de la Constitución fue el haberle otorgado funciones electorales a las cortes. Aquello, lesionó de manera grave la independencia de los magistrados.
Para satisfacer los favores y cumplir con los pagos de los mismos, las cortes, con el beneplácito del putrefacto consejo de la judicatura, se han burocratizado aceleradamente.
La insolidaridad de la justicia es absoluta. Pareciera que a los magistrados les tiene sin cuidado la tragedia económica y laboral que se ha desatado como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
Millones de colombianos han perdido su trabajo o están a punto de perderlo. El gobierno nacional, hace esfuerzos increíbles para conseguir dinero en todos los rincones para efectos de atender las necesidades de las clases más afectadas por la pandemia.
Mientras todo el país se solidariza, los empresarios soportan con estoicismo la crisis y muchos compatriotas, a pesar de la situación, han dado admirables muestras de generosidad, ha trascendido un acuerdo emitido por la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura con el que se autoriza la “creación de cargos en la corte constitucional”.
El argumento de la judicatura es que se ha identificado “la necesidad de fortalecimiento de personal en la corte constitucional”.
Según el documento, hay una supuesta sobrecarga en “la selección de la tutelas que son enviadas de todos los despachos del país; el aumento de la carga derivada del ejercicio de nuevas competencias constitucionales; la necesidad de fortalecer la labor de relatoría; fortalecer los procesos organizacionales y de transparencia institucional e implementar tecnología y herramientas de innovación que apoyen la gestión”.
En momentos de austeridad y de crisis generalizada, los magistrados de la corte constitucional tendrán a su disposición 39 cargos nuevos para satisfacer su apetito burocrático, 9 de los cuales serán magistrados auxiliares.
No se sabe cuánto le costará eso al erario, pero no debe ser una cifra menor.
Este es un nuevo episodio que alienta a quienes insisten en que la justicia debe ser sometida a una reforma integral. Y en efecto, el país no puede continuar con una rama judicial insensible, corrupta y totalmente desconectada de la realidad nacional.
Publicado: abril 22 de 2020
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