En una maravillosa entrevista con Salud Hernández-Mora, emitida en el canal digital de Semana, Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, hizo una detallada exposición de los motivos por los que el magnicidio del dirigente conservador ha continuado en la impunidad.
El crimen, cometido en 1995, cuando el proceso 8000 estaba en su momento de mayor ebullición, cayó en manos de un fiscal general que, en la práctica, era un abogado de la mafia: Gustavo de Greiff quien, a su vez, era padre de la mujer que fungió como primera tesorera de la campaña de Samper, Mónica de Greiff.
Desde el primer momento, quedó perfectamente establecido que la justicia iba a hacer hasta lo imposible para impedir que los responsables del asesinato fueran identificados y castigados.
Después de De Greiff y de un breve tiempo de Alfonso Valdivieso, la corte suprema eligió a Alfonso Gómez Méndez como nuevo fiscal. Conocido de autos por su estrecha cercanía con Ernesto Samper y Horacio Serpa, Gómez fue el encargado de darle una estocada final a la investigación. Para evitar que el proceso avanzara, ordenó que cada 7 u 8 meses, el expediente fuera reasignado a un nuevo funcionario judicial. Así, se logró que ningún fiscal pudiera -por falta de tiempo- conocer la totalidad del expediente, con lo que pudo salvársele el pellejo a una ficha clave del asesinato: Ignacio –Nacho- Londoño Zabala, un operador del cartel del Norte del Valle muy cercano al presidente Ernesto Samper y amigo íntimo de Horacio Serpa, principal escudero del narcogobierno.
Además de trazar la malévola estrategia de enredar la investigación a través de las reasignaciones, la fiscalía de Gómez Méndez se inventó la perversa hipótesis -que es la que le ha servido a Samper para defenderse- de que el crimen del doctor Gómez Hurtado fue perpetrado por un sector “de la extrema derecha”, que quiso sacarlo del camino luego de que él se opusiera a encabezar un golpe de Estado.
La teoría de Gómez Méndez, que parece sacada de un libro de John LeCarré, fue el dique que alejó definitivamente a la fiscalía de los verdaderos responsables.
En la entrevista con Salud Hernández-Mora, Enrique Gómez Martínez narró con lujo de detalles cómo, cuándo y por quiénes se decidió cometer el asesinato. Nacho Londoño se presentó ante el capo del Norte del Valle, Orlando Henao, con el propósito de transmitirle la angustia que sentía el presidente Samper frente a la implacable oposición liderada por Álvaro Gómez como consecuencia del ingreso de dineros de la mafia a la campaña que lo llevó a la presidencia.
El capo entendió el mensaje. Primero, intentó sobornar al líder conservador, algo que resultaba imposible. También pensó en la posibilidad de secuestrarlo, proyecto que fue descartado y, finalmente -para complacer el pedido del presidente Samper- planificó su asesinato.
Para efectos de asegurarse que el gobierno estaba en eso, Enrique Gómez Martínez, reveló que Henao se reunió personalmente con Horacio Serpa en un apartamento en el norte de Bogotá, encuentro en el que todo quedó definido.
Pero a Gómez Méndez -que le gusta mandar razones cuando se le hace algún tipo de señalamiento o cuestionamiento-, ninguna de esas pruebas le sirvió. En cambio, prefirió casarse con la tesis de que el Ejército había participado en el crimen. Claro que hubo un sector de la Fuerza Pública involucrado en el crimen, pero no de los militares sino de la Policía.
En efecto, uno de los involucrados en el crimen fue el excoronel Danilo González, viejo amigo, compañero y compinche de nadie menos que el general Naranjo.
González, uno de los oficiales más corruptos y criminales que ha tenido la Policía en toda su historia, era una suerte de agente doble. Trabajaba para la institución y, al mismo tiempo, era el consejero y “jefe de sicarios” del poderoso cartel del Norte del Valle.
El coronel González, como es natural, tampoco fue investigado por la fiscalía de Alfonso Gómez.
Ahora, que en buena hora se ha resuelto avanzar en la investigación por el magnicidio del jefe conservador, prudente sería que el país, además de conocer a los responsables -tarea que hay que acometer con celeridad, pues Horacio Serpa no puede culminar su paso por la Tierra impunemente- tiene el derecho de saber quiénes, desde las más altas dignidades de la República, se prestaron para desviar la atención -y encubrir- ese terrible crimen que hirió el alma de nuestro país.
Publicado: Abril 2 de 2020
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