Defender a una persona no solamente implica estudiar el caso, preparar las audiencias y argumentar una posición, sino también desafiar al sistema. En esto, los abogados penalistas estaban absolutamente solos.
Como tal, el sistema penal acusatorio que existe en nuestro País hace que en la práctica un proceso penal pueda terminar convertido en una confrontación de 3 vs 1. En primer lugar, está la Fiscalía. Una entidad con un presupuesto anual de $3.6 billones de pesos que cuenta con todos los recursos técnicos y de investigación más que necesarios para llevar a cabo un proceso.
En segundo lugar, está la Procuraduría. Si bien es verdad esta entidad es independiente y debe velar porque en el proceso se respeten las garantías, en un amplio número de casos se alinea con la posición del ente acusador.
En tercer lugar, está el juez. Este es autónomo y tiene la libertad de acoger los argumentos de la Fiscalía o de la defensa. Sin embargo, el ente acusador tiene la potestad de investigar la conducta que este funcionario adelante en un juicio. Es decir, en la práctica si al Fiscal del caso no le gusta la decisión que adopte el togado, puede compulsar copias para que la misma entidad determine si hubo algún tipo de actuación irregular.
Esta circunstancia, conlleva a que, por un lado, la independencia del juez no esté del todo garantizada en la realidad y, por otro lado, que el panorama para la defensa sea desolador. Prácticamente es una confrontación entre David y Goliat, donde los penalistas deben retar a todo el andamiaje estatal.
Por eso, a buena hora se creó el Colegio de Abogados Penalistas en Colombia. Solamente a través de un ejercicio agremiado los abogados que ejercen la defensa en procesos penales pueden hacer un contrapeso al poderoso establecimiento institucional al que se enfrentan.
Esta práctica, cabe resaltar, es supremamente común en la economía. La Federación Nacional de Cafeteros, Fedegan, la Andi, Fenalco, etc. son organizaciones privadas donde los miembros de un determinado sector del mercado se agremian para defender en bloque sus intereses ante el Estado y otro tipo de actores.
Por ejemplo, es prácticamente imposible que las solicitudes de un pequeño tendero en Bolívar tengan eco en el Gobierno Nacional. Sin embargo, si estos requerimientos son presentados por Fenalco, inmediatamente el Ministerio de Comercio tomará las acciones necesarias para dar respuesta a la problemática.
Exactamente lo mismo sucede con los penalistas. Es bastante improbable que las eventuales extralimitaciones de poder por parte de los jueces o los fiscales tengan eco si quien las denuncia es un solo abogado. Empero, si esa situación es puesta en conocimiento de las autoridades y la opinión pública por parte del Colegio de Abogados Penalistas, el panorama cambia radicalmente.
Ha pasado poco tiempo desde su fundación y todavía hay mucho por trabajar, pero llena de admiración observar la solidez de este ejercicio de agremiación que sin lugar a dudas será determinante para construir un sistema penal con garantías efectivas y limites claros en el ejercicio de la autoridad.
¡Felicitaciones!
Publicado: abril 17 de 2020
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