El anuncio hecho la semana pasada por el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, en contra del dictador Maduro y sus más cercanos colaboradores, entre ellos los terroristas colombianos “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”, es un invaluable aporte para la causa de la libertad en Venezuela.
Ahora, nadie podrá negar lo que desde hace mucho se ha venido denunciando: el régimen que tiraniza al pueblo venezolano es terrorista y narcotraficante. En ese orden de ideas, todos aquellos Estados y dirigentes políticos que insistan en mantener relaciones con Maduro y los suyos, pasarán oficialmente a ser cómplices y encubridores de un cartel de las drogas.
Venezuela cumplió 21 años de sometimiento a un sistema arbitrario, antidemocrático, terrorista y narcotraficante. Desde el ascenso de Chávez al poder en febrero de 1999, la libertad de los sufridos ciudadanos venezolanos ha sido gravemente menoscabada.
La tridivisión de poderes fue abusivamente pisoteada por el chavismo que empezó por darle un zarpazo a la estructura jurisdiccional, imponiendo jueces y magistrados que se encargaran de perseguir judicialmente a los opositores. Comenzando este año, el “Foro Penal”, ONG independiente que propugna por la libertad en Venezuela, reveló que en ese país había 388 prisioneros políticos, todos ellos privados de la libertad por la decisión de jueces que están al servicio de Maduro.
Es bastante preocupante que en el cartel presentado por el fiscal Barr, inmediatamente debajo de Maduro -por quien se ofrece la monumental recompensa de U$15 millones de dólares-, se encuentre el presidente de la Corte Suprema de Venezuela, Maikel Moreno, individuo que desde los tiempos de Chávez, se ha encargado de llevar a cabo la innoble tarea de fabricar procesos judiciales contra todas las personas que se consideren “peligrosas” para la satrapía, como es el caso de Leopoldo López, figura central de la oposición que hoy se encuentra refugiado en la embajada de España en Caracas, en condición de “huésped”.
Cuando la oposición, con mucho esfuerzo logró imponer mayorías en la Asamblea Nacional venezolana, Maduro desconoció el resultado de la voluntad popular, convocando a una asamblea constituyente de bolsillo, liderada por el temible Diosdado Cabello -otro de los que está en la lista de extraditables revelada por la justicia estadounidense y por quien se ofrecen U$10 millones de dólares- con el propósito de dejar sin funciones ni efectos al parlamento legítimo, que representa a la voluntad ciudadana venezolana.
La acusación contra Maduro y 13 de sus lugartenientes -dos de ellos ya se habían sometido a la justicia americana en el momento de escribir estas líneas: Clíver Alcalá y Hugo Carvajal-, estuvo acompañada por la presentación de cargos contra los jefes de las Farc, “Márquez” y “Santrich”, señalados de ser los socios principales del “Cartel de los Soles”.
El desmantelamiento de la estructura delincuencial que oprime a Venezuela no será tarea fácil y seguramente estará acompañada de grandes traumatismos, pero no podemos engañarnos: la decisión adoptada por la justicia de los Estados Unidos se constituye en un punto de no retorno para la tiranía y mientras los individuos sobre los que ahora pesan sendas órdenes de captura internacional tiemblan, en la Patria que vio nacer a Bolívar, nuevamente empiezan a soplar los vientos de la libertad. No hay mal que dure cien años ni cuerpo –pueblo- que lo resista.
Publicado: marzo 30 de 2020
5