Invocando el artículo 215 de la Constitución, el presidente de la República y sus ministros, declararon un estado de emergencia, habida cuenta del grave riesgo en que se encuentra el país por el Coronavirus, pandemia que viene creciendo de manera exponencial y que amenaza con afectar a un elevadísimo porcentaje de nuestra población.
El orden económico y social del país está bajo amenaza. El Congreso de la República, a pesar de que las sesiones extraordinarias comenzaron esta semana, no puede reunirse, precisamente por los riesgos de contagio de los congresistas y empleados del Senado y la Cámara.
Que nadie se llame a engaños: el gobierno debe estar dotado de las herramientas suficientes para hacerle frente a la que es, sin duda, la peor crisis global de la historia reciente.
Como bien lo dijo el presidente Uribe en su cuenta de Twitter: “Apoyemos todas las iniciativas del Gbno Duque para apoyar a empresarios, trabajadores, independientes, sectores más vulnerables. Al Gbno no lo recordarán por el déficit o por el endeudamiento sino por el apoyo en crisis a los sectores sociales y económicos”.
Aunque hay que evitar a toda costa el fatalismo, no puede soslayarse la magnitud del problema. El efecto sobre nuestra economía será devastador. La acelerada devaluación, sumada al desplome del precio del petróleo y a la parálisis del país como resultado de las necesarias medidas que ha sido necesario implementar para la contención del virus, tendrán efecto directo sobre todos los sectores sociales del país, perjudicando principalmente a la clase trabajadora.
El presidente Duque es consciente de aquello, razón por la que se vio forzado a declarar el estado de emergencia para expedir los decretos con fuerza de ley que se requieran, con el propósito de atender la situación con la seriedad y profundidad debida.
Si la economía nacional colapsa, el país caerá por un abismo y la recuperación tardará décadas.
En momentos como este, se requiere grandeza, talante y unidad. Al margen de las diferencias ideológicas, las fuerzas vivas de la nación, los partidos políticos, empresarios, dirigentes gremiales, líderes sociales y de opinión, tienen el deber patriótico de apoyar al gobierno en las decisiones que adopte para mitigar la crisis, sabiendo de antemano que este no es un episodio pasajero y que la normalidad se demorará meses en regresar.
Publicado: marzo 18 de 2020
5
4
3.5