Que el chavismo le brindaba refugio a las Farc en Venezuela no era un secreto para nadie. Hace más de 10 años el Gobierno Uribe había denunciado esa situación ante la OEA con un material probatorio incuestionable. Empero, el indictment formulado por el Departamento de Justicia en contra de Mauro y compañía confirma que la relación entre Miraflores y el secretariado no se limitaba a la falsa revolución, sino a un interés comercial que tuvo un punto de quiebre en el proceso de La Habana.
Como tal, nunca dejó de ser raro el insistente interés de Venezuela de fungir como garante de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc. Desde el primer día de los diálogos hasta la ilegítima refrendación de los acuerdos en el Congreso, el régimen chavista hizo hasta lo imposible para que el proceso no desfalleciera.
¿Fue esto un acto de altruismo institucional en pro de las próximas generaciones de colombianos? Evidentemente no.
Si el Gobierno Colombiano, como efectivamente sucedió, a raíz de las negociaciones suspendía la fumigación aérea, los bombardeos, decretaba el cese bilateral al fuego y blindaba el narcotráfico bajo la figura de actividad conexa al delito político, la relación comercial entre la cúpula de las Farc y el cartel de los soles estaría más que asegurada.
En otras palabras, era cuestión de negocios.
Además, tanto Maduro como el secretariado fueron tan sagaces que el cuarto punto del acuerdo de La Habana, que abordaba la problemática de las drogas, quedó redactado con tal nivel de sutileza que los únicos beneficiados iban a ser ellos.
En efecto, a pesar que a lo largo de la campaña del plebiscito la administración Santos afirmó que la guerrilla no solamente iba a abandonar el negocio de las drogas, sino que le entregaría al Gobierno las rutas que utilizaban para la comercialización de los estupefacientes, cualquier persona con cuatro dedos de frente era consciente que eso no iba a suceder.
Era muy difícil de creer, por no decir imposible, que el secretariado iba a dejar a un lado el negocio que le entregó en 2014 $600 millones de dólares. Esta ingenua aspiración se aprovechó de la legítima ilusión de paz del pueblo colombiano para maquillar, como bien lo dijera Alejandro Ordoñez en su momento, una gigantesca operación de lavado de activos.
Hoy en día, tres años y medio después de la firma del acuerdo poco o nada ha pasado en este aspecto. Las rutas del narcotráfico siguen siendo un misterio, el ala más sanguinaria de las Farc continúa enriqueciéndose desde Venezuela y Colombia está inundada con 212.000 hectáreas de coca.
¿Tuvo participación Santos en toda esta operación? No lo sé, esperaría que no…
Lo cierto, es que la jugosa recompensa que ofreció Estados Unidos por Maduro y sus secuaces rompe corazones y quizás permita llevar ante la justicia a las cabezas del régimen. El indictment es solo el comienzo del proceso judicial contra la cúpula del chavismo. Hay mucha tela por cortar y, sin lugar a dudas, el proceso de La Habana tendrá un lugar estelar en esta película.
Ojalá, por el bien de las próximas generaciones, que logren salir a flote las verdaderas intenciones comerciales que sostuvieron una negociación que se burló del pueblo colombiano y que terminó fortaleciendo, tal como sucedió en el pasado, a los victimarios por encima de las víctimas.
Publicado: abril 1 de 2020
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