La semana pasada, los colombianos presenciamos un episodio dramático. El joven Juan Pablo Medina nos conmovió con su voz desesperada, acudiendo a los medios de comunicación y buscando la solidaridad a través de las redes sociales, con el fin de que su hijo -de 7 meses de gestación- no fuera asesinado.
Su llamado a que se le respetara su derecho a ser padre de familia, estaba signado por la decepción, pues la madre del menor, que acudió a las instalaciones de Profamilia, estaba resuelta a adelantar el homicidio de la criatura que se encuentra a unas pocas semanas de nacer.
El bebé, que será bautizado con el nombre de Juan Sebastián, no tiene ningún problema de salud, ni representa riesgo para la vida de su madre. La edad avanzada de gestación, nos permite concluir que es un feto totalmente viable, que puede llegar al término del embarazo sin problema ninguno.
Que nadie se llame a engaños: cualquier acción atentatoria contra la integridad de Juan Sebastián, es un delito y los responsables -la madre y los médicos que se presten para ello-, tendrán que ser castigados penalmente.
Estoy en contra del aborto -asesinato-, en cualquier caso y, por supuesto, en cualquier momento de la gravidez. Por eso, me opuse al proyecto de resolución que en su momento hizo público el exministro de Salud, Juan Pablo Uribe, en relación con la interrupción de los embarazos.
Debemos proteger la vida de los niños, desde el vientre. Cualquier posición diferente, es contraria a la ley.
Profamilia, que es una entidad que dice proteger los derechos sexuales y reproductivos, no puede, amparándose en su condición de “persona jurídica”, convertirse en un centro de promoción de abortos, como ha sucedido en el caso del pequeño Juan Sebastián. No hay un solo concepto médico que indique que su embarazo no es viable, o que él ponga en riesgo la vida de su mamá. Mucho menos, estamos ante un caso de violación, pues si alguien ha liderado heroicamente su derecho a vivir es, precisamente, su desesperado padre quien no ha ahorrado esfuerzos para impedir que la gestación sea ilegal y criminalmente interrumpida.
Este episodio ha convocado a la sociedad. Queremos que haya leyes que protejan la vida y los derechos del niño Juan Sebastián, y normas que reivindiquen los derechos a la paternidad que le asisten a Juan Pablo, su padre.
No sé cuál sea el problema que tenga la madre del bebé. Ella, merece gozar de toda la asistencia psicosocial y recibir todo el apoyo que requiera, pero nunca, absolutamente nunca, puede ser inducida a cometer el delito de matar a su propio hijo, como lo está haciendo de forma irresponsable la entidad Profamilia.
Invito al señor presidente, Iván Duque a que públicamente fije una posición. Este no es un asunto de cálculos ni de actitudes ambiguas. Él, que tanto ha defendido la cadena perpetua contra violadores de menores, no puede observar una posición dubitativa respecto del aborto.
Así mismo, le exijo al ministerio de Salud a que retire la totalidad del proyecto de resolución que regula el aborto y que, en vez de promover ese tipo de regulaciones absurdas, emplee su esfuerzo argumentativo, redactando e impulsando en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que cierre, de una vez y para siempre, la posibilidad de que en Colombia se adelanten procedimientos abortivos.
Somos un país que defiende a los niños y, por elemental coherencia, esa protección debe empezar a manifestarse desde el instante mismo de la gestación.
Cualquier posición contraria, además de inmoral e ilegal, es absolutamente contradictoria.
Publicado: febrero 3 de 2020
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