Al cabo de la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que recientemente culminó en el país, se deja claro el momento favorable por el que pasa Colombia respecto de las economías latinoamericanas y los choques externos que han dejado los mercados internacionales.
Para el FMI es claro que la economía colombiana ha experimentado un comportamiento resiliente que la ubica como una de las economías que a pesar de los choques internacionales, provenientes de China y Estados Unidos y la consecuente reducción del consumo externo, mantiene tasas de crecimiento superiores al 3.0%, la revisión de la misma se ubica en 3.4% para el 2020, cuyo principal eje es la demanda interna que continúa aportando al crecimiento del PIB aun en condiciones de incertidumbre sobre los cambios a nivel internacional.
No obstante, el FMI explica como uno de los factores favorables para la expansión de la demanda, el flujo migratorio desde Venezuela, que a pesar de las circunstancias ha hecho posible un aumento del consumo, incluso cuando este proviene de actividades netamente informales, en contraposición, podría explicarse el comportamiento de la demanda por una expansión crediticia que también ha jalonado el consumo de corto plazo, es decir, el flujo migratorio, sumado a una expansión de las transacciones diarias y un ciclo crediticio favorable, han determinado en gran medida el comportamiento del consumo interno.
Del otro lado, dado que el déficit de cuenta corriente de aproxima al 4.4% del PIB, la explicación se halla en que el consumo externo ha tenido un retroceso sobre las exportaciones nacionales, lo que nos ubicaría en una desventaja relativa, debido a que la relación entre consumo e importaciones se ha mantenido casi que directamente proporcional. Sin embargo, aumentos en el consumo interno, provocan incrementos en bienes importados que se suman a la contabilidad nacional como un desfase en cuenta corriente debido a que el sector externo no ha reaccionado en la misma medida.
De otro lado, el FMI explica para Colombia una situación en la que la política monetaria se ha mantenido estable, pudiendo incluso ser expansiva en el corto plazo, lo que ayudaría a jalonar el crecimiento del lado de la demanda, pero dejaría dudas sobre la estabilidad de los precios a futuro, dado un nivel de riesgo asociado a choques externos. La inflación puede moverse hacia el punto de convergencia siempre que la demanda absorba los niveles de inventarios proyectados para la economía.
La política fiscal, se mantiene en sintonía con la reducción del déficit fiscal y estructural, respondiendo a la meta del 2.2% del PIB en 2020, esto permitiría que el riesgo de sobrepasar la regla fiscal se vea mermado por una mayor disciplina interna, relacionada con la estrategia de financiamiento interno vía operaciones de mercado con títulos de tesorería TES. Así, se entraría en un punto donde la inflexibilidad relativa que propone la regla fiscal, sea acomodaticia con una menor carga sobre el gasto público, debido a la mayor focalización en la transferencia de recursos.
En lo concerniente al comportamiento de la regulación financiera, se prevé que la ley de conglomerados proporcione mayor robustez a los controles sobre riesgo, permitiendo mejores estándares de medición de riesgo “Como parte de sus esfuerzos de modernización, las normas reglamentarias de la Ley de Conglomerados están entrando en vigencia a comienzos de 2020. Esto incluye un aumento en los recursos asignados a la SFC para la supervisión de dichas entidades, sus riesgos a nivel consolidado y sus marcos de gestión de riesgo. En 2020 también entrarán en vigencia las definiciones de requerimientos de capital previstos en Basilea III. Como esto aumenta los índices de suficiencia de capital para la mayoría de los bancos mientras que los requisitos adicionales en materia de capital se introducen gradualmente, resulta apropiado mantener un mayor nivel de supervisión durante el período de transición” FMI […]
Como punto final, las recomendaciones que hace el FMI sobre la coyuntura actual del país, radican en la necesidad de políticas estructurales encaminadas a la reducción de desigualdades sociales, asociadas en gran medida a las economías regionales, donde se requiere con urgencia vincular los territorios a una mejor distribución de los ingresos, esto, mediante la transferencia de gasto a sectores basados en mayor uso de capital, que absorban mayor mano de obra y reduzcan costos de transacción, un ejemplo de ello, es la terminación de las vías 4G y los planes de actualización de la red terciaria a nivel nacional.
Se requiere una reforma pensional que elimine los rezagos de ingreso ocasionados por subsidios regresivos sobre las pensiones más altas y permita ampliar el programa Colombia mayor. Respecto del mercado laboral, las políticas del sector deben abordar en forma estructural los rezagos ocasionados por la concentración de la informalidad, el mayor flujo migratorio y la alta rotación laboral. A pesar que para el FMI el salario mínimo en Colombia continúa siendo alto, esta última afirmación puede resultar en un mensaje incorrecto para la población, pues uno de los mayores efectos que han ocasionado las protestas sociales se origina en los ingresos percibidos por los trabajadores.
Así las cosas, la misión, ve con buenos ojos el comportamiento de la economía nacional, pero reafirma la necesidad de converger a políticas económicas estructurales que permitan reducir el efecto negativo de los ingresos sobre la población. Mejorar los controles sobre el sector financiero relativos al nivel de riesgo, mantener el déficit fiscal en niveles del 2.0%, aprovechar la holgura que permiten las reservas internacionales para que la política monetaria pueda ser expansiva y mejorar la relación del gasto público con la contraprestación social en la economía regional, ver el mercado laboral a través de la fuerte concentración de la informalidad y activar las políticas que requiere para absorber la mano de obra desempleada, repensar los subsidios a las pensiones y ampliar la cobertura de Colombia mayor.
PUBLICADO: FEBRERO 28 DE 2020