La infinita capacidad de circulación de la información en redes es enemiga de la veracidad; pues no hay quien verifique o cuestione lo que se reenvía. Un estudio del MIT reveló que una noticia verdadera pocas veces alcanza a más de mil personas, mientras el 1% de las noticias falsas puede llegar hasta las 100 mil.
Una noticia falsa fue difundida por UNIVISIÓN y luego fue eliminada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Más de nueve millones de seguidores en Facebook, cerca de dos millones en Twitter, y dos millones Instagram pudieron haber recibido la información. La aclaración hecha por su director “Información no fue verificada por periodistas de manera independiente” en su cuenta de Twitter de 1,3 millones de seguidores no es suficiente como «rectificación”.
Paralelamente han tratado de criminalizar la existencia de un grupo de WhatsApp que ha sido calificado como la «bodeguita uribista». Sendos artículos fueron escritos en periódicos tratando de criminal, y en el mejor de los casos, tachar como una falta ética el hecho de que en el grupo discutieran las tendencias que querían defender en redes.
Varios temas me preocupan de esta nueva estigmatización de los uribistas. Hay una evidente violación a la intimidad; no porque alguien haga pública una conversación o un video privado, el contenido pierde su característica de ser privado. El derecho a la intimidad existe, y no puede ser violado. Filtrar un chat a los medios solo se justificaría si hubiera una denuncia penal o disciplinaria.
El derecho a la libre expresión no se limita a los medios, los ciudadanos todos tienen ese derecho. Coordinar para que sus comunicaciones sean más efectivas no tiene nada de malo. Medios masivos, grupos políticos, empresas, contratan jefes de comunicaciones o community managers, influencers para el manejo de redes sociales. Esto es legal, así son las redes.
Los criterios éticos suponen no decir mentiras, pero las redes sociales también han servido para perder la diferencia entre los hechos y opiniones. Las verdades solo se pueden hacerse sobre hechos contrastables con la realidad. En el campo de la opinión cada uno tiene derecho a pensar y concluir. El debate en este caso no es sobre verdades, sino sobre superioridad de argumentos. Sin embargo, quienes pretenden juzgar las «fake news» parecen haber olvidado esa diferencia básica, y juzgan con sus propias opiniones las opiniones de otros. Las Fake News desconocen datos, hechos, los reinterpretan para decir que quienes no tienen su misma filiación política, mienten.
No hay robots, no hay gente pagada, no hay ningún comportamiento que sea jurídicamente relevante. Solo hay militantes que quieren participar en la defensa de las ideas en las que creen.
Se ha cuestionado la participación en ese chat de funcionarios públicos. Dos de los mencionados como funcionarios no lo eran. Un funcionario público puede expresar sus preferencias políticas en privado. También puede opinar sobre lo que copartidarios proponen y darles concejos técnicos. La Corte Constitucional ha sido clara en que los funcionarios públicos no pierden sus derechos políticos, aunque no puedan participar en política. Que en medio del fulgor político la ahora subdirectora de seguridad de Medellín -sin serlo aún- haya atacado al Presidente públicamente por redes sociales no es el problema. Que después ya como funcionaria y preguntada sobre el tema, sostenga que dice verdades ratificándose en el ataque público, si lo es. Víctor Muñoz jamás como funcionario ha atacado a nadie públicamente.
Podemos discutir si esas tendencias son adecuadas o inadecuadas; si construyen o destruyen; pero una cosa es abogar por redes libres de bullying y otra, censurar. Más aún cuando la crítica es solo para un lado del espectro político. Lo que más me disgusta de todo el episodio es nuevamente eso, la persecución ideológica. ¿Van a perseguir a quienes hacen parte del chat de la Alcaldía y buscan apoyo en redes? Ese comportamiento tampoco tiene nada de malo.
Publicado: febrero 14 de 2020
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