Esta semana se conmemora el día internacional del no reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley. Es una fecha en la que rendimos homenaje a todos los niños del mundo que han sido víctimas de ese flagelo, sin duda alguna, una de las más brutales acciones contra la humanidad.
Las cifras que se refieren a Colombia son extremadamente preocupantes, siendo el nuestro el país del hemisferio occidental donde más niños son llevados a la fuerza para ser usados como combatientes y esclavos de los cabecillas de estructuras delincuenciales.
Los indicadores son preocupantes. De acuerdo con el “observatorio para la protección de los derechos y bienestar de los niños, niñas y adolescentes”, entre 1985 y 2019 se pudieron documentar más de 7400 casos de reclutamiento forzado.
Las guerrillas del ELN el EPL, las denominadas “disidencias” de las Farc y las organizaciones que se conocen como bandas criminales, son las principales estructuras responsables del reclutamiento de menores de edad.
Contrario a lo que han querido decir los cabecillas de las Farc que se desmovilizaron durante el gobierno de Santos, la utilización de niños en actividades ilícitas sí fue una práctica sistemática, generalizada y recurrente. No se trata, como ha dicho alias “Timochenko”, de una situación aislada y con pocos casos.
Abundan las denuncias respecto de las agresiones sexuales a que fueron sometidas las niñas y niños que han sido llevados a la fuerza a los campamentos de los grupos ilegales, convirtiéndolos en verdaderos esclavos de los combatientes.
Desde hace algunos años, las mujeres que integran a la “Corporación Rosa Blanca” han denunciado con nombre propio a los cabecillas de las Farc que abusaron de ellas, siendo niñas. Es preocupante que miembros de las Farc estén intentando ubicarlas con el fin de presionarlas -con intimidaciones y ofertas de tipo económico- para que se retracten de lo que han reportado ante las autoridades.
Si el reclutamiento forzado de menores es una brutal práctica que deja una cicatriz imborrable en quienes son víctimas de ese atroz crimen, la impunidad frente al mismo es un mensaje en el sentido equivocado.
Las estadísticas que emanan de la justicia, son altamente angustiantes. En el sistema de la fiscalía, aparecen registradas 4219 investigaciones y solamente hay 10 casos en los que se ha dictado sentencia condenatoria contra los responsables de reclutamiento de menores.
La JEP abrió una línea de investigación por ese caso, pero como ha sucedido en todos los procesos de esa jurisdicción, el avance ha sido mínimo. Se quedaron en el anuncio, pero el país no ha visto un solo resultado y, mucho me temo, que pasaran años antes de que tengamos alguna noticia en ese sentido.
Ahora que la Corte Suprema de Justicia ha elegido al doctor Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación, albergo la esperanza de que él, que ha enfocado su práctica profesional de abogado en el área de los Derechos Humanos, se convierta en el abanderado de la lucha contra la impunidad en lo que se refiere al reclutamiento forzado de menores.
El mejor homenaje que le podemos rendir a las víctimas de esa atrocidad, es a través de la acción decidida y rápida de la administración de justicia, porque insisto: la impunidad ha sido la principal cómplice de aquellos criminales que vieron en los niños una herramienta para hacer la guerra y para saciar su apetito sexual.
Publicado: febrero 10 de 2020
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