A las personas y a las entidades hay que denominarlas como corresponde. Y la señora Angie Palta, con el apoyo de Profamilia, asesinaron a un bebé que estaba a pocas semanas de nacer.
Alegando que la ley le permitía abortar a su hijo de 7 meses de gestación, Palta acudió a Profamilia con el propósito de matar a su bebé, a pesar de que el padre de la criatura, de manera pública, solicitó que se respetara esa vida y se validara su derecho legítimo a la paternidad.
Expertos en medicina, coinciden al afirmar con toda certeza que un feto con 7 meses de maduración, es totalmente viable. Desde la semana 12 de gestación, el feto desarrolla plenamente su sistema nervioso central, razón por la que el aborto -asesinato- que perpetró Angie Palta indefectiblemente fue una tortura para el bebé.
Urge que la fiscalía tome cartas en el asunto y conduzca a la asesina ante los tribunales de la justicia. En principio, el aborto debe ser rechazado de plano, en cualquier momento, pues es evidente que la vida existe desde el mismo instante de la gestación. En este caso específico, la madre mató a su bebé, cuando él podía vivir si se hubiera practicado un parto previo.
Desafortunadamente, la corte constitucional colombiana, en contra de lo que ordena la propia Constitución, emitió una sentencia involutiva que permitió el aborto -asesinato- de bebés en 3 casos: violación, malformación fetal o riesgo para la vida de la madre. El aborto está definido como terminación involuntaria o no del embarazo de menos de 20 semanas o con un feto de menos de 500 gramos. El proyecto de resolución presentado por el Ministerio de Salud relacionado con la Interrupción Voluntaria del Embarazo, no define una edad gestacional límite. Dicha resolución, afortunadamente no ha sido promulgada, razón por la que el procedimiento realizado a la señora Angie Palta, es totalmente ilegal.
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La filicida, con toda desfachatez, alegó que no estaba preparada psicológicamente para llevar a feliz término su embarazo y, cuando faltaban pocas semanas para el alumbramiento, golpeó las puertas de Profamilia, para efectos de cometer el crimen de Juan Sebastián, que es el nombre con el que el padre quería bautizar al bebé.
Los cómplices de Profamilia, entidad que supuestamente tiene el objeto de promover mecanismos de planificación, tendrán que ponerle la cara al país, pero sobre todo a la justicia.
Juan Sebastián fue brutalmente asesinado. Fue torturado dentro del vientre de su madre y, además de la madre del bebé, Profamilia es la responsable de ese crimen.
Ese asesinato desconoció, así mismo, los derechos del padre de la criatura. En efecto, el señor Juan Pablo Medina, desde hace varias semanas, se vio forzado a acudir a los medios de comunicación para buscar solidaridad. Él estaba en contra del asesinato. Imploró por que se respetara la vida de su hijo y se garantizara su derecho a la paternidad. Aseveró que si la mujer no quería tener al bebé, él estaba plenamente dispuesto a atender a la criatura, en aras de salvar su vida.
En vez de cometer el asesinato, Profamilia estaba obligada a inducir el parto y salvar al bebé.
Este asunto no puede pasar de largo. No puede ser un hecho más de los que se presentan en el país. La vida de los niños es sagrada y es deber del Estado protegerla. El gobierno del presidente Iván Duque, debe pronunciarse al respecto y el Congreso de la República, que en las próximas semanas retoma sus funciones, tendrá que avocar el asunto con la responsabilidad debida, discutiendo y aprobando una norma que de una vez y para siempre, prohíba el asesinato de bebés.
Publicado: febrero 14 de 2020
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