No muchos países han apoyado tanto a sus connacionales para rescatarlos del área infectada por el Covid-19 en China como Colombia. Es muy significativo que nuestro país haya enviado un avión gigantesco —un Boeing 767 que en su versión comercial puede movilizar hasta 375 pasajeros— para traer tan solo a 13 personas, compatriotas que estaban en ese país por su propia cuenta y riesgo y que son o deben ser responsables de sus decisiones y consecuencias. El gobierno, pues, ha actuado solidariamente en nombre de todos los colombianos invirtiendo una fortuna, lo que no han hecho países como Argentina o México. Son detalles que no tienen en cuenta los que tanto reclaman toda clase de derechos argumentando cosas como que el Estado es indolente con la gente de a pie y que está capturado por una casta de privilegiados.
Es que la inflación de los derechos está dando para mucho, aunque hay quienes siguen omitiendo un precepto insalvable: que no hay almuerzo gratis. Precisamente, el origen de los recursos públicos es otro tema del que se aprovechan los que salen a protestar y a destruir el patrimonio público y privado. La semana anterior quisieron armar escándalo al conocerse la declaración de renta del expresidente Álvaro Uribe Vélez para el año 2018, en la que termina eximido de pagar renta por haber sido sujeto de retención en la fuente durante el año, como explicaron varios expertos. Sus malquerientes, sin embargo, han tratado de sugerir que solo mediante una maniobra ilegal alguien con un patrimonio de 12.300 millones podría terminar pagando cero pesos. Pero resulta que Uribe, entre retención, predial y otros rubros, pagó la bobadita de 208 millones. No falta sino que alguien diga que eso es muy poco, que no es ni el 2% del patrimonio, aunque es más del 50% de su ingreso bruto como senador. Criticar es muy fácil. La Universidad del Rosario hizo una investigación sobre el pensamiento de los jóvenes en el marco de las protestas y una de las cosas que quedaron en claro es que no les gusta pagar impuestos. Mal futuro el de un país en el que muchos quieren todo regalado, y solo unos pocos llevan la carga.
Por cierto, el que solo unos pocos paguen es la señal de que entrar en la puja por Electricaribe puede no ser el «negocio del siglo» para las Empresas Públicas de Medellín (EPM), sino la metida de pata del siglo. Es que Electricaribe no se quebró por malos manejos y corrupción, que algo habrá, sino porque en la costa caribe del país impera la cultura del no pago, incluso entre las familias de abolengo. Desde hace décadas se ven denuncias sobre entidades oficiales que no pagan el servicio, lujosas propiedades que toman la electricidad de conexiones fraudulentas y barrios enteros, no solo de clases necesitadas, que hacen lo propio, convirtiendo las redes urbanas en marañas de cables que entran en cortocircuito y provocan incendios y muertes por electrocución. Más triste aún es el maltrato que padecen los funcionarios que se disponen a cortar las conexiones ilegales, quienes deben huir para conservar sus vidas. EPM tendría que invertir muchos billones de pesos para mejorar el servicio, sin la certeza de poder recuperarlos. Al lado de eso, Hidroituango es un juego de niños. Por cierto, grave mal le hace al país la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) al no levantar una sanción que le impide a EPM continuar la construcción de la megacentral hidroeléctrica. Ya llegó la primera turbina, pero no se ha podido instalar por esa restricción legal.
Suena bonito que las EPM puedan demostrar su liderazgo y la excelencia de sus servicios en otras regiones del país, pero los intentos que ha hecho en el extranjero han resultado fallidos y costosos. Baste recordar la compra de Aguas de Antofagasta (Chile) por casi mil millones de dólares durante la alcaldía del hoy gobernador Aníbal Gaviria, inversión que en la actualidad se considera perdida. Comprar Electricaribe es una idea peor, pero si EPM gana la subasta (el 20 de marzo) los costeños tendrán motivos de sobra para adelantar el carnaval. Es la única empresa que les puede brindar un servicio digno.
EN EL TINTERO: ¿En un país hay justicia porque es desarrollado o es desarrollado porque hay justicia? Juzgue usted, amable lector: en Medellín condenaron a 16 años de prisión a un bandido que hurtó un auto y lo condujo en contravía por un puente, asesinando a un motociclista. En Alemania, a un conductor que mató a una mujer en una carrera ilegal, lo acaban de condenar a cadena perpetua. Sutiles diferencias.
Publicado: febrero 26 de 2020
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