Por esta época del año es común que se presenten alertas ambientales por la calidad del aire en Bogotá. La mezcla de altas temperaturas y pocas precipitaciones lluviosas genera una concentración de material particulado que supera los estándares permitidos. Es una frecuente histórica.
No obstante, ello no es una situación menor y amerita que la Alcaldía tome acciones para mitigar su impacto, dentro de las cuales está la declaratoria de alerta amarilla en un polígono que se encuadra en las cinco localidades del sur occidente de Bogotá. Esta decisión, en palabras sencillas, implica una restricción horaria en la circulación de camiones de carga, que son los responsables del 37% de la contaminación móvil de la ciudad.
Aunque bien intencionada, esta medida genera dos consecuencias a corto plazo que la Alcaldía de Claudia López se rehúsa a observar. La primera, los transportadores de carga ya anunciaron que disminuirán el suministro de alimentos a la ciudad. Una decisión entendible, teniendo en cuenta que los costos de producción aumentan al tener que dejar quietos los vehículos por importantes periodos de tiempo. Deja de ser rentable mantener el ritmo actual.
La segunda, como la oferta de alimentos se reduce y la demanda sigue igual, muy seguramente se generará un alza en el precio de varios productos, la cual terminarán asumiendo los consumidores con el respectivo impacto que genera en las familias de escasos recursos.
Claudia, que tanto le gusta negociar con los vándalos que destruyen Transmilenio y atacan a la Fuerza Pública, debería sentarse a escuchar las posiciones del gremio de transportadores y lograr acuerdos sensatos con ellos. A diferencia de los primeros, estos no toman esas medidas para presionar al Gobierno con propuestas irrisorias. Por el contrario, la principal preocupación que los aqueja es mantener un ritmo de trabajo que les permita generar ingresos para sus hogares.
Dicho esto, la alerta ambiental también exige abordar un tema crucial para la ciudad: la construcción de la ALO, una autopista fundamental para que el transporte de carga deje de congestionar la Av. Boyacá y la Autopista Sur y se movilice por un corredor que bordee el límite occidental de la ciudad sin entrar a las zonas más densamente pobladas.
Este proyecto, que se estancó por completo por las invasiones a los terrenos que permitió la administración Petro, fue destrabado por Peñalosa y ahora López no solamente cuenta con los diseños de la parte sur del tramo, que va desde Sibaté hasta la Calle 13, sino con el apoyo financiero del Gobierno Duque.
Sin embargo, preocupa que la Alcaldesa haya anunciado que no continuará con el tramo norte del proyecto debido a unos presuntos impactos ambientales. En efecto, bloquear la ALO Norte generará que el tráfico de camiones de carga se traslade del ingreso de la ciudad por el sur a la ya maltrecha Calle 13, donde se aglutinará con el transporte proveniente del occidente.
Es decir, el tráfico de vehículos pesados, junto con el respectivo impacto ambiental que genera, se concentrará en exceso en Kennedy y Fontibón en vez de continuar hacía el noroccidente, lo cual no solamente descongestionaría el tráfico de Engativá y Suba, sino que disminuiría el tiempo y los costos del transporte de carga.
Ojalá que la Alcaldesa deje a un lado su ego y se siente a negociar con los transportadores, le meta el acelerador a la construcción de la ALO Sur y reconsidere el bloqueo a la ALO Norte.
Publicado: febrero 12 de 2020
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