Todo tipo de desmanes emanan desde los claustros universitarios oficiales. Constantes confrontaciones con la Fuerza Pública, manipulación de explosivos y una estructurada agenda de manifestaciones anti gubernamentales hacen parte de las dinámicas que envuelven estos entornos.
Es tan preocupante esta situación que, por ejemplo, en los primeros 533 días del Gobierno Duque hubo protestas en 258. Es decir, un promedio de una marcha cada dos días, lo cual genera un costo promedio diario de $19.916 millones, sin mencionar las afectaciones al comercio que ascienden a los $150.000 millones por jornada.
Además, se estima que las protestas universitarias del segundo semestre del 2018 costaron cerca de $300.000 millones y el paro de maestros del 2019 otros $378.000 millones. Recursos que perfectamente se hubieran podido haber destinado a cubrir los innumerables compromisos sociales de los Gobiernos Nacional y Distrital, en vez de pagar los platos rotos de las infundadas convocatorias.
En este contexto, y en medio de las profundas alteraciones al orden público que generan estos eventos, siempre emana la misma pregunta. ¿Debe la Fuerza Pública entrar a las universidades cuando haya desmanes? La respuesta, sin lugar a dudas, es afirmativa.
En primer lugar, carece de fundamento que las universidades públicas se escuden en la autonomía universitaria para bloquear el ingreso de la autoridad a los claustros. Como tal, este derecho, que es de titularidad de las instituciones de educación superior, les garantiza total independencia en su gestión académica, administrativa y financiera.
Es decir, busca garantizar que cada universidad tenga la posibilidad de auto-determinarse sin que sus lineamientos se vean afectados o condicionados por la voluntad del Gobierno de turno. Sin embargo, dicha prerrogativa en ningún momento convierte a los claustros oficiales en repúblicas independientes donde está vedada la legítima acción de la autoridad.
En segundo lugar, la Fuerza Pública debe hacer presencia en todo el territorio nacional, sin excepciones. Así como la historia nos ha mostrado los dañinos efectos de despejar espacios geográficos determinados, también es completamente perjudicial impedir la intervención de la autoridad en establecimientos donde acaecen actos vandálicos y conductas delictivas. La seguridad es un imperativo constitucional que no admite concesiones.
En tercer lugar, los Alcaldes, como primera autoridad de Policía de las ciudades, no deben titubear al momento de controlar las alteraciones al orden público que se presenten en esos escenarios. En este aspecto, es ciertamente alarmante la debilidad con que Claudia López ha manejado la situación en Bogotá.
Evitar a toda costa la intervención de la autoridad lo único que envía es un mensaje favorable a la delincuencia, quien encontrará en las universidades públicas las madrigueras perfectas para su accionar criminal. En vez de proteger a la comunidad educativa, la terminan dejando a merced del vandalismo indiscriminado.
Las universidades son un pilar fundamental para la construcción de País, pero en ningún momento son repúblicas independientes. Si hay manipulación de explosivos o cualquier otra alteración al orden público, la presencia de la autoridad debe ser incuestionable. Antes que discursos populistas para la galería, está la preservación de la seguridad y la institucionalidad.
Publicado: febrero 26 de 2020
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