El registrador nacional, Alexander Vega, se estrenó en su cargo con dos propuestas que generan inquietud y preocupación.
Tremenda coincidencia la del registrador Vega: proponer al mismo tiempo voto electrónico y cambio de Cedula de Ciudadanía. El registrador tiene responsabilidades y deberes constitucionales como las de dirigir y organizar las elecciones, el registro civil y la identificación de todas las personas. Su propuesta parece aislada e inconsulta con el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos y las instituciones y sectores de la sociedad que ameritan ser consultados. La propuesta exige un debate mesurado, profundo, que va más allá de la simple presentación mediática y novedosa que genera la modernización tecnológica.
No desconocemos la necesidad de implementar la tecnología en procesos del Estado que permitan celeridad, eficiencia, transparencia y reducir costos en el cumplimiento constitucional y misional que tienen las instituciones públicas. Por ejemplo: valoramos y celebramos la implementación de la sistematización del trámite de tutela por parte de la Corte Constitucional que permitirá la selección de tutelas a través de un sistema de digitalización de escaneo para acceder a todos los expedientes de tutelas y alertar cuando se falle contrario a la jurisprudencia de la Corte. Pero existen procesos adelantados por el Ser Humano que se deben preservar dentro del Estado a pesar de los avances tecnológicos porque nos permite garantizar transparencia, publicidad, veeduría y humanización en la protección de valores democráticos como es el voto.
Nada más perfecto para perpetrar un fraude electoral que el voto electrónico. Este sistema se implementó con celeridad en Venezuela desde la llegada del chavismo al poder y después de 20 años de uso uno de los sistemas electorales y de escrutinio más censurados, corruptos y que no tienen credibilidad en el contexto democrático del mundo es precisamente el de Venezuela. Una de las preguntas que sugiero hacernos es si existe necesidad de cambiar un sistema garantista como el que tenemos donde el sufragio y el escrutinio tienen vigilancia, respaldo, credibilidad y garantía de todas las instituciones y de la misma ciudadanía. Acaso tenemos dificultades en conocer con prontitud los resultados electorales con el sistema que tenemos, ¡No! Por el contrario, somos ejemplo y modelo para seguir por otros países que buscan consolidar sus procesos electorales.
Los jurados de votación son la mayor garantía en la preservación de nuestro sistema electoral y democrático, por qué cambiarlo por un sistema que va a generar dudas, problemas, suspicacias y, sobre todo, gastos multimillonarios e innecesarios. ¿Quién realmente está detrás de esta propuesta o de este negocio?
De igual forma, la propuesta de una nueva de cédula de identificación digitalizada que pretende incorporar a través de un chip la información médica, datos biográficos y otras arandelas, también nos genera dudas. La casualidad de las dos propuestas coincide con la propuesta de reformar el sistema electoral colombiano; propuesta insistente de los sectores de izquierda y debatida en La Habana. Mala cosa. Lo que sí estamos exigiendo y esperando desde hace años es la reforma política que deberá finalizar con una reforma electoral, si es necesario. Ese es el orden de las cosas y de los procesos.
Tenemos que dejar de creer que los funcionarios públicos son eficientes por estar proponiendo cambios innecesarios pero decorados ante la opinión pública como necesarios y que implican multimillonarias cifras. Los funcionarios públicos como el registrador están para cumplir con su deber funcional y legal, para preservar garantías, para transmitir certezas no dudas. Esta propuesta tiene unas paginas oscuras que no hemos podido leer. Por ahora debemos acudir a la duda porque no podemos permitir cambio de sistema de sufragio y escrutinio que está funcionando por un sistema que le parece una maravilla al Senador Gustavo Bolívar.
Publicado: enero 28 de 2020
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