Desde la extrema izquierda , las viudas del terrorismo y sectores beneficiados por la mermelada corrupta de Juan Manuel Santos Calderón, tienen un objetivo claro: acabar con la reputación del Ejército Nacional.
Aquello que los terroristas no pudieron ganar en el campo de batalla frente a un Ejército profesional, capacitado y de un altísimo nivel, ahora, a través de una nueva modalidad de “combinación de todas las formas de lucha”, pretenden lograrlo poniendo en marcha una campaña de desprestigio miserable.
Ha surgido nuevamente el trillado cuento de las interceptaciones ilegales. Con aquel ardid, se estimuló la persecución al gobierno del presidente Uribe y se logró el desmonte del DAS, entidad que fue fundamental para garantizar la defensa y seguridad del Estado.
Para demostrar que el Ejército nacional efectivamente está “chuzando” ilegalmente a dirigentes políticos, periodistas y ciudadanos del común, se requiere que se exhiban las pruebas y no unos testimonios de fuentes anónimas, esas mismas que tantas veces ha utilizado el medio de comunicación que sistemáticamente ha perseguido a las Fuerzas del orden.
El presidente de la República fue claro y contundente: el gobierno nacional no tolerará actos ilícitos perpetrados por miembros de la Fuerza Pública.
Pero en este caso, deben respetarse dos preceptos constitucionales: el de la presunción de inocencia y el del debido proceso.
Atrás deben quedar los nefandos tiempos en que un artículo de prensa cargado de inexactitudes, mentiras y valoraciones subjetivas y con una elevada carga ideológica, era suficiente para acabar con la carrera profesional de un alto oficial y, de paso, ponerlo con un pie en la cárcel.
Este nuevo cuento de la “chuzadas” debe soportarse en evidencias ciertas y no en comentarios fatuos ni pruebas deleznables como la fotografía borrosa de un vehículo estacionado en las inmediaciones de la oficina de un periodista -sobrino de Juan Manuel Santos- que ha observado una insoslayable animadversión hacia las FF.MM.
Si hay militares que realmente abusaron de su poder para interferir comunicaciones de personas que no estén vinculadas con actividades ilegales, aquellos deben ser llevados ante la justicia y castigados ejemplarmente. Pero, se insiste, es menester garantizar, ante todo y sobre todo, el debido proceso y la presunción de inocencia.
No hay que llamarse a engaños. Este nuevo “escándalo”, tiene un insoportable tufo de complot. La mala leche de la denuncia es más que evidente. Curiosamente, se le han mezclado todos los elementos para matar varios pájaros con un solo tiro, al combinar a militares, chuzadas y al Centro Democrático.
Que se pongan todas las cartas sobre la mesa y se constituya, ya mismo una comisión de alto nivel que evalúe las supuestas pruebas que se han cacareado, pero no se han revelado. Que se oiga los testimonios de los tales testigos y se conozcan los audios de las interceptaciones. Esta vez no puede caerse en la trampa de volver a creer en las transcripciones de conversaciones que se exhibieron con ocasión del complot que se urdió en contra del DAS.
Si hay interceptación de conversaciones, que se emitan los audios de cara al país.
Los enemigos de la Fuerza Pública deben estar frotándose las manos, creyendo que ahora sí lograrán liquidar, de una vez y para siempre, la moral del Ejército, mostrando a nuestros soldados como unos vulgares espías de baja categoría y complotistas de cantina barriobajera. Se quedarán con las ganas. La Colombia respetuosa del orden y de la ley, esa misma que mayoritariamente se opuso al acuerdo de impunidad entre las Farc y Santos, tiene el deber de respaldar, rodear y renovar su confianza en sus Fuerzas Militares.
Publicado: enero 13 de 2020
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