Semana publicó entrecomillas una declaración de un suboficial no identificado que dice que le asignaron interceptar a Cristina Lombana, magistrada de la Suprema que durante unos meses tuvo a su cargo una investigación contra Álvaro Uribe, y que “lo más grave de todo, nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático”. No agrega nada más. Ese domingo, Noticias Uno dijo, también sin ofrecer prueba alguna como reconoce en un trino su directora, que tenía la “versión” de que ese político era yo. Al día siguiente, Alejandro Santos, director de Semana, dijo que esa versión no había salido de la revista. Pero cuando se le preguntó si era yo quien habría recibido esa información no desmintió sino que dijo que no podía confirmarlo porque les “falta evidencia que respalde el acervo probatorio ante un juez”. Como a buen entendedor pocas palabras bastan, tengo claro que para Santos el “reconocido político del CD” soy yo.
Repito acá lo que ya he dicho al aire: no he recibido ninguna información relacionada con interceptaciones, legales o ilegales, de parte de ningún militar o policía. Tampoco he recibido ninguna información de ningún uniformado sobre Lombana ni he hablado con ellos sobre las investigaciones a Uribe.
Mis relaciones con la Fuerza Pública son viejas. Datan desde principios de los noventa, cuando, como director del programa en derechos humanos para fuerzas militares y policía del IIDH, monté las primeras actividades de formación en esas materias en distintos países del Continente, incluyendo Colombia. En ese papel, dirigí un proyecto para la transformación del EPS en Ejército Nacional de Nicaragua y apoyé los esfuerzos de formación de la nueva Policía Nacional Civil de El Salvador, entre otras muchas actividades con soldados y policías en América Latina.
Como entendí que formar uniformados exigía comprender su cultura, me dediqué a estudiar a fondo las culturas militar y policial y los asuntos de seguridad y defensa. Años más tarde, fui asesor en derechos humanos y DIH del Ministerio de Defensa y después de narcotráfico y asuntos internacionales. Como consultor independiente, con el PNUD y con el Banco Mundial, dirigí y trabajé en programas de reforma policial y seguridad ciudadana en Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay.
Estuve muy cerca del general Mora Rangel en el proceso de reforma de Ejército. Trajimos expertos en contrainsurgencia, ex guerrilleros de otros países, al coronel Benedicto Jiménez, quien capturara a Abimael Guzmán, para aprender de estrategias y tácticas insurgentes y contrainsurgentes. Fue ese proceso el que permitió después golpear con inequívoco éxito a guerrillas y autodefensas. Fui profesor de la Escuela Superior de Guerra. Hice parte de la última comisión de expertos para la reforma de la justicia penal militar. Ejercí como agente del Estado en varios casos ante la Corte Interamericana y en ellos trabajé de la mano de las Fuerzas Militares.
He contratado a oficiales retirados para distintas tareas, desde ex directores de la Policía hasta, recientemente, coroneles de inteligencia retirados cuya compañía usé para determinar los riesgos en seguridad que tendría un inversionista extranjero.
Durante la campaña, me reuní en innumerables ocasiones con distintos grupos de policías y militares en retiro, muchos de los cuales me apoyaron.
En fin, desde hace treinta años he hablado de manera permanente con los comandantes de las Fuerzas Militares y directores de la Policía, generales y coroneles, y les he brindado mis opiniones y consejos sobre los más diversos temas, entre ellos los derechos humanos y DIH, la justicia penal militar y el derecho penal internacional, el proceso de paz, el narcotráfico, y asuntos de defensa y seguridad.
Pero, reitero, nunca he recibido información alguna sobre chuzadas o sobre el proceso de Uribe. De manera que Noticias Uno me calumnia y que Santos, al no desmentir, contribuye a ello. Más allá de que no sea yo el político del CD al que se refiere, me atrevo a sostener que el suboficial citado en Semana miente. Pero creo que no había interés en verificarlo.
Me explico: un hilo conductor del artículo de Semana es que se chuzaba a magistrados de la Suprema para obtener información sobre el proceso contra Uribe. En esa línea, Noticias Uno se inventó el bulo de los micrófonos que grabarían a Reyes, el investigador del caso. Un comunicado de Compensar dejó en evidencia la absoluta falsedad de esa “noticia”. Así, aunque la revista no dice que la supuesta “información» de las interceptaciones a Lombana fuera para Uribe, lo hace entender al decir que se entregaba a un “reconocido político del CD”.
Yo no se si hubo interceptaciones ilegales por parte de alguien del Ejército. Tampoco se si Lombana fue chuzada, aunque tengo certeza de que cuando publicó Semana todavía no había ningún resultado oficial del allanamiento que ella hizo. Pero no tengo dudas de que Semana, porque lo confiesa, sí recibió “documentos secretos” de los militares (parece que si es para ellos esa conducta sí es ética, legal e irreprochable) y que yo no. Y que la “prueba» de la revista de que los militares sí podían interceptar whatsapp no sirve: la máquina de la que hablan no entró en operaciones sino en diciembre pasado, meses después de las cuando habrían ocurrido las chuzadas.
Y se también que Semana y Noticias Uno debieron haber verificado, con pruebas inequívocas y no solo con «versiones», si era cierto o no que algún político del Centro Democrático habría recibido información de interceptaciones y si ese político era yo. Antes de decirlo debían tener las “evidencias” que Santos y la directora de Noticia Uno reconocen no tener. El problema es que si lo hacían no podía decirlo y se les caía, inequívocamente, el hilo conductor de su artículo y la vinculación con Uribe.
Publicado: enero 21 de 2020
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