Las marchas del pasado 21 de enero en Bogotá, además de buscar presionar al Gobierno con un paquete de peticiones irrisorias que ciertamente son propias de un stand up comedy, representaban el primer pulso de la nueva Alcaldía con los manifestantes.
Para afrontarlo, Claudia López decidió implementar un nuevo protocolo que, en esencia, pretende que la intervención del Esmad sea la última opción para contener los desmanes, dado que previamente se buscará una intermediación de las madres gestoras de paz y los gestores de convivencia.
Esta medida, aunque es bien intencionada, ciertamente trae más riesgos que beneficios para la ciudad. En primer lugar, generar tantos escenarios de diálogo y postergar en exceso la intervención de la autoridad es un acto de debilidad que potencia la configuración de actos delictivos, dado que los manifestantes ven en esto una valiosa ventana de tiempo que sabrán utilizar para recrudecer los desmanes.
Por ejemplo, la semana pasada los bloqueos en Suba y Las Américas se postergaron por más de dos horas, tiempo en que miles de personas quedaron sin opción alguna de transportarse hasta que el Esmad tuvo que hacer presencia para disolver los ilegítimos bloqueos, acción que se pudo haber adelantado mucho antes.
En segundo lugar, es completamente inadmisible que los policías sigan desarmados en las manifestaciones. Mientras que los vándalos los atacan con todo tipo de objetos contundentes, estos deben limitarse a resguardarse detrás de los escudos de protección sin que tengan la posibilidad de contener y repeler la agresión.
Además, como la intervención del Esmad no es inmediata al inicio de las agresiones, sino que depende del estado anímico de la Alcaldesa, los patrulleros que acompañan las protestas quedan a la merced del querer de los vándalos. Es prácticamente una invitación desde la Alcaldía a atacarlos impunemente.
En tercer lugar, tanto la aplicación del protocolo como la actuación del Distrito durante las protestas no puede convertirse en una pantalla mediática para legitimar las manifestaciones. Como bien lo dijo Germán Vargas Lleras, Luis Ernesto Gómez, Secretario de Gobierno, pareciera más el organizador de estas antes que la persona encargada de preservar el orden público en la ciudad.
Es verdad que Claudia López nunca había estado del lado institucional de las manifestaciones, pero lo cierto es que ella debe ser consciente de la posición que ostenta en este momento. No es posible que como Alcaldesa pretenda oxigenar a como dé lugar las protestas antes que actuar como la primera autoridad de policía de la ciudad.
La consecuencia de ello, es que por el afán de figurar en los medios de comunicación como la redentora de las causas sociales se pone en riesgo la integridad de los policías, no se conserva el orden público de la ciudad, se causan onerosas afectaciones al comercio y se da vía libre a más ataques al sistema de transporte público, los cuales, el 21 de enero, generaron daños por más de 160 millones de pesos.
Publicado: enero 29 de 2020
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