El miembro del ESMAD involucrado en el accidente que causó la muerte del joven Dilan Cruz, no tiene garantía ninguna de un proceso justo y equilibrado. La evidencia está en la desafortunada y muy delicada conclusión que irresponsablemente emitió la directora del Instituto de Medicina Legal, la señora Claudia García quien aseveró, sin fundamento ninguno, que el estudiante fue “asesinado”.
En un Estado de Derecho, las personas se presumen inocentes, hasta que no se les pruebe lo contrario. El agente del ESMAD, aún no ha sido vencido en juicio, razón por la que ningún funcionario puede hacer afirmaciones miserables como la de la directora de medicina legal.
Lo cierto, es que Cruz estaba participando en una revuelta, razón por la que la Fuerza Pública se vio obligada a intervenir, para mantener el orden público.
El ESMAD, es un cuerpo profesional, integrado por hombres perfectamente entrenados, capacitados en el manejo de crisis y dotados con armas avaladas por los protocolos internacionales.
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No es cierto, como se ha dicho desde la extrema izquierda -esa misma que ahora demanda la eliminación del ESMAD-, que en el episodio en el que Dilan Cruz perdió la vida, se utilizaron armas no convencionales. ¡Falso! Todo el equipo que utiliza ese escuadrón, se ciñe a protocolos regulados y verificados.
Es evidente que el agente involucrado -que será defendido por el abogado Abelardo De La Espriella- no obró con dolo y que su actuación, que se dio en el marco del cumplimiento de su labor profesional, no puede ser reprochada penalmente.
Así mismo, es perentorio que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, públicamente defienda el derecho que le asiste al funcionario injustamente señalado, a ser investigado y juzgado por la justicia penal militar, juez natural de los miembros de la Fuerza Pública involucrados en procesos relacionados con actos del servicio.
La administración de justicia de nuestro país, no puede continuar persiguiendo injustamente a los uniformados que arriesgan sus vidas por proteger a todos los ciudadanos de las amenazas recurrentes de sectores intolerantes y extremistas, que ven en el uso de la violencia, una herramienta de acción política.
Es evidente que en algunos casos -aislados, por demás-, hay miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, que han protagonizado hechos irregulares o ilegales. A esas personas, que han deshonrado su uniforme y pisoteado la confianza que la sociedad ha depositado en ellos, debe aplicárseles todo el rigor de las leyes.
Pero no se puede caer en generalizaciones infames, cuando la inmensa mayoría de los miembros de la Fuerza Pública, son personas impolutas, a las que las mueve un amor desmedido por la Patria.
Gracias a la formidable labor del ESMAD, durante estos días de revuelta y zafarrancho -promovidos por el antiguo miembro de la banda terrorista M-19, Gustavo Petro- los antisociales no se han salido con la suya.
Nadie puede alegrarse por la muerte de Dilan Cruz, joven con serios antecedentes de mala conducta, pero su deceso no fue por culpa del miembro del ESMAD. Fue, en cualquier caso, un accidente que no habría ocurrido si Cruz se hubiera mantenido al margen de los desmanes que obligaron a la intervención de la fuerza antidisturbios de nuestra policía.
Es deber de todos los que defienden a las Fuerza Armadas de nuestro país, exigir que al funcionario involucrado en este lamentable episodio, se le respeten sus garantías procesales, empezando porque su proceso se desarrollo en el ámbito jurisdiccional que corresponde: la justicia penal militar.
Publicado: diciembre 2 de 2019
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