El Gobierno Nacional accedió a sentarse a negociar con los promotores del paro. Aunque esta decisión tuvo críticos y defensores, lo cierto es que desde la Casa de Nariño nunca ha faltado voluntad para lograr los acuerdos multisectoriales que permitan dar respuesta a los factores que motivaron las manifestaciones.
Prueba de ello, son los más de 40 talleres construyendo País que se han llevado a cabo hasta la fecha o los acuerdos con varios sectores económicos, con quienes se han logrado importantes consensos para propulsar el crecimiento y la generación de empleo en Colombia. En otras palabras, si algo ha habido en este Gobierno es diálogo popular.
Sin embargo, la actitud que ha tomado el comité del paro es completamente ridícula. De las 13 inconformidades iniciales, que estaban ligadas principalmente con la agenda legislativa del Gobierno, los promotores de las marchas pasaron a un pliego de peticiones de 104 puntos donde pretenden modificar el modelo económico, institucional, militar, etc.
Es decir, aquellos que tratan de bloquear cada 8 días las ciudades pretenden arrinconar al Gobierno para imponer una visión de País que no ha logrado recibir el respaldo popular en las urnas. Por ejemplo, alegan la necesidad de estatizar el 100% de Ecopetrol, a pesar que dicha medida costaría $15 billones de pesos que actualmente no los hay.
Además, pretenden que no se use el glifosato, que Colombia se retire de la OCDE, que se renegocien los TLC, que se prohíba el fracking o que se modifique la doctrina militar. Pues bien, si ellos quieren hacer realidad esas propuestas lo que deben hacer es lanzarse al ruedo político, trabajar en una campaña, triunfar y ahí sí contarán con la legitimidad para materializar sus peticiones.
No obstante, hasta que eso no suceda no pueden seguir pretendiendo que como consecuencia de dos semanas de marchas, que dejaron pérdidas diarias de más de 150mil millones de pesos, ahora el Presidente tenga que arrodillárseles y cambiar por completo un plan de gobierno por el cual votamos más de 10 millones de colombianos.
Por su parte, el Gobierno debe replantearse la continuidad de la negociación sin condiciones con estos sectores, que convirtieron una legítima expresión de descontento popular en el escenario perfecto para oxigenar su agenda política de cara a las próximas elecciones.
En efecto, una cosa es que se respete la protesta pacífica de un segmento de la población. Eso no tiene nada de malo y de hecho es completamente necesario en una democracia. Empero, completamente diferente es que ahora se le continúe dando visibilidad y atención a determinados actores que quieren chantajear a como dé lugar al Presidente.
El paro no se puede convertir en un mecanismo de extorsión. Bienvenidos los acuerdos que se logren sobre reclamos concretos y sensatos, pero total rechazo a aquellas pretensiones que buscan capitalizar apoyos políticos antes que mejorar las condiciones de vida de los colombianos.
Publicado: diciembre 20 de 2019
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